MÉXICO, D.F. (apro).- El coordinador de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, se pronunció a favor de la salida del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, como un signo de “distensión social” y porque “ayudará a las investigaciones”. Y lo mismo opinó su correligionario Alejandro Encinas. Los legisladores perredistas expresaron su postura en vísperas de que la Comisión de Gobernación del Senado dictamine este martes la solicitud de desaparición de poderes que planteó la bancada del PAN y que el pleno votará el mismo día. La declaración de Barbosa, también presidente de la Mesa Directiva del Senado, se produjo un día después que la dirigencia nacional del PRD, controlada por la corriente Nueva Izquierda y sus aliados, se pronunció a favor de la permanencia de Ángel Aguirre porque, dijo, no se puede caer en “salidas fáciles o linchamientos públicos que no contribuyen a resolver la emergencia”. En contrapunto a esta posición, Barbosa afirmó que cree en la honestidad de Ángel Aguirre, “no lo vemos vinculado al crimen organizado”, pero –advirtió– “debemos de atender reclamos sociales tales como en Guerrero”. “Cada vez se descomponen más las cosas y vemos que la licencia de Ángel Aguirre podría ayudar a la distensión social y ayudar a la investigación”, insistió Barbosa, quien también admitió que ya existe un “costo social” para el PRD por la crisis de Guerrero. Por su parte, Alejandro Encinas afirmó que el mandatario estatal “ya no es un interlocutor válido, no con los estudiantes, sino con muchos sectores de la sociedad guerrerense. Hay una situación de ingobernabilidad”. Para el exjefe de Gobierno, lo más grave es “el surgimiento todos los días de fosas con cadáveres y muertos que dan cuenta de un clima de ingobernabilidad en el estado”. Reunión con secretario de Defensa Encinas, integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, también confirmó que esta semana sostendrán una reunión a puerta cerrada con el secretario de la Defensa “para conocer todo lo que está sucediendo en Tierra Caliente”, que abarca tanto Guerrero como Michoacán y el Estado de México. La reunión con el titular de Sedena se realizará esta semana, días después de que elementos del Ejército y de la Policía Federal tomaron el control de 12 municipios de Guerrero y uno del Estado de México (Ixtapan de la Sal), donde se presume que elementos de las policías municipales están vinculados con el crimen organizado.