A casi un año de escándalos por "moches", PAN propone "sistema anticorrupción"

lunes, 20 de octubre de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- Ante el escándalo de los “moches”, hace casi un año, Gustavo Madero prometió que el Partido Acción Nacional (PAN) impulsaría mecanismos contra la corrupción, pero sólo hasta hoy su sucesor interino, Ricardo Anaya, anunció un sistema nacional anticorrupción. “El sistema nacional anticorrupción que proponemos es un sistema autónomo, ciudadano e integral de combate a la corrupción, sin precedentes en la historia de México”, se ufanó Anaya, quien hizo el anuncio, tras numerosos escándalos de corrupción de panistas. Acompañado de los coordinadores de los senadores, Jorge Luis Preciado, y de diputados, José Isabel Trejo, Anaya aseguró que se trata de un “sistema que evitará los fracasos del pasado en materia de combate a la corrupción”, cuyo costo para México es alarmante. Las medidas que propone el PAN, y que deben ser apoyadas en el Congreso para que se instrumenten, integran un conjunto de órganos con funciones que se complementan entre sí. Por ejemplo, se crea un Consejo Nacional en el que participan todos los órganos públicos que intervienen en el sistema, así como una amplia representación ciudadana, y también un Comité Ciudadano para la Ética Pública –integrado por ciudadanos de reconocido prestigio en materia de combate a la corrupción–, responsable de la instalación de observatorios ciudadanos en todo el territorio nacional, y encargado de formular denuncias y proponer políticas públicas para el combate a la corrupción. Se plantea, en cuanto a control interno, el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública en materia de auditoría e investigación, cuyo titular sea ratificado por el Senado de la República, y que el representante del Órgano Interno de Control de todos los organismos constitucionales autónomos sea nombrado por mayoría calificada de la Cámara de Diputados. “En materia de control externo, proponemos que sean dos órganos, absolutamente independientes del Poder Ejecutivo, los responsables de auditar el uso de los recursos públicos e investigar, con las más amplias facultades, posibles actos de corrupción”. Añade la propuesta del PAN: “Ambos órganos estarán facultados para recibir quejas y denuncias ciudadanas, con la garantía de que sus denuncias sí darán lugar a investigaciones serias, realizadas por órganos autónomos y que habrá consecuencias para los corruptos”. Al primer órgano, la Auditoría Superior de la Federación, se le otorgarán las más amplias facultades en materia de auditoría, antes, durante y después del ejercicio del gasto, y también con las más amplias facultades de investigación ante quejas y denuncias ciudadanas o actuando de oficio. Y el segundo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, creado en febrero de este año, tendrá las más amplias facultades de investigación, “con la obligación de actuar ante denuncias ciudadanas y responsable de ejercer acción penal para llevar a quienes cometan actos de corrupción a la cárcel”. Y como ya fue aprobado, el fiscal será nombrado por el voto de las dos terceras partes del Senado y será independiente del Poder Ejecutivo. Según la propuesta del PAN, de nada sirve que haya denuncias ciudadanas, auditorías e investigaciones si no se castiga a quienes cometen actos de corrupción. “Los niveles actuales de impunidad son verdaderamente alarmantes. México es un país en el que los políticos corruptos, casi siempre se salen con la suya. Un dato ilustrativo: De casi 2 mil 500 promociones de sanción en la última Cuenta Pública revisada por la Auditoría Superior de la Federación, sólo cuatro servidores públicos recibieron la máxima sanción administrativa”. Por eso, el PAN propone retirar la facultad de sanción a las contralorías que dependen de los presidentes municipales, gobernadores y presidente de la República y otorgar las facultades de sanción a los jueces en materia penal (ante acusaciones de la Fiscalía) y en materia administrativa al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que se debe transformar en un Tribunal Federal de Cuentas. “Finalmente, por mandato constitucional, nuestra propuesta incluye reproducir el sistema en el ámbito local de los estados y los municipios, donde también son altísimos los niveles de corrupción”.  

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