OAXACA, Oax. (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) pidió llevar a juicio al Estado mexicano ante los tribunales internacionales de justicia por crímenes de lesa humanidad en el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Al mismo tiempo defendió la labor y legitimidad de los grupos de autodefensa populares “porque la masacre contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa es un crimen de Estado; un doble crimen de lesa humanidad por las ejecuciones extrajudiciales y la detención-desaparición forzada por motivos políticos”, en suma, dijo, “un acto múltiple de terrorismo de Estado”. El grupo guerrillero insistió en que los autores materiales de la desaparición de los normalistas fueron las fuerzas policiaco-militares, “el aparato represivo en su conjunto dirigido por el mando único”. La hipótesis de que este crimen de lesa humanidad fue obra del crimen organizado que infiltró a las estructuras policiacas y políticas municipales, abundó, es un “grotesco, ridículo y perverso montaje mediático que se ha desplegado desde las entrañas del aparato policiaco-militar para eludir su responsabilidad y diluir esta masacre y detención-desaparición forzada a la delincuencia organizada”. En un comunicado fechado este 21 de octubre, el grupo guerrillero calificó como una “asquerosa farsa” la búsqueda que realizan en los cerros los policías federales, el Ejército y la Marina, así como la recompensa ofrecida por los gobiernos federal y estatal “por información veraz y útil” para “localizar” a los 43 normalistas desaparecidos y la identificación-detención de los “probables responsables”. “Es una asquerosa farsa y una burda maniobra mediática-gubernamental. Peinan los cerros, pero no buscan en los cuarteles policiaco-militares, en las instalaciones gubernamentales de todos los niveles, residencias, haciendas, fincas, propiedades de funcionarios y jefes policiaco-militares, de caciques y empresarios, lugares donde históricamente se confinan a los detenidos-desaparecidos por motivos políticos”, señala el EPR en su comunicado. Además, considera que este acto de “terrorismo de Estado” se hace mayúsculo al pretender “con hipócrita y cínica mentira oficial desplegar una vez más la táctica del desgaste, el olvido, la desmovilización, la corrupción y el terrorismo de Estado contra familiares, amigos, organizaciones populares y pueblo en general que demandamos ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” Finalmente cuestionaron los monopolios de los medios masivos de comunicación que “imponen una dictadura de opinión” para “infundir el terror, confundir y mediatizar la conciencia del pueblo e inducir la autoincriminación, la inmovilización, aislamiento y apatía política del pueblo movilizado”.