MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- La detención de 20 servidores y exservidores públicos como probables responsables de los delitos de tortura por omisión, tortura equiparada y encubrimiento contra 26 mujeres durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, no resuelve la demanda de justicia y sólo es una acción tardía que abre la puerta a la revictimización. Así lo consideró Araceli Olivos Portugal, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH) y representante legal de las 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual durante esos hechos, quienes llevaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El pasado 17 de octubre la Procuraduría General de Justicia mexiquense (PGJEM) informó que detuvo y puso a disposición del Juez Penal de Primera Instancia a 20 servidores y exservidores públicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y la propia PGJEM. De las personas detenidas, ocho eran policías de la extinta Agencia de Seguridad Estatal, 11 médicos legistas y uno era agente del Ministerio Público (MP). En los operativos para “reestablecer el orden” en Atenco participaron cerca de 2 mil 500 policías municipales, estatales y federales, luego de que unos floricultores se negaron a ser desalojados del lugar donde vendían sus productos. En entrevista con Apro-Cimac, Olivos Portugal sostuvo que las detenciones efectuadas a ocho años de distancia de los hechos responden al litigio que se lleva actualmente en la CIDH. Agregó que se enmarcan en la intención del Estado mexicano para lograr una “solución amistosa” de la demanda ante el sistema interamericano. En 2008, ante la falta de justicia en México, 11 de las 26 mujeres sobrevivientes de tortura sexual de Atenco llevaron su denuncia ante la CIDH, organismo que eventualmente podría enviar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). En marzo de 2013, al comparecer ante la CIDH, representantes del Estado mexicano ofrecieron una “solución amistosa” que fue rechazada por las sobrevivientes de tortura sexual. La abogada del ProDH informó que en días recientes, el Estado mexicano reportó a la CIDH “supuestos avances” en el caso, tales como las órdenes de aprehensión giradas por la PGJEM. Al recordar que desde 2006 la Procuraduría estatal tiene en su poder una lista de probables responsables de los delitos, Araceli Olivos subrayó que a ocho años de distancia las detenciones son una acción “insuficiente e ilusoria del acceso a la justicia”. Agregó que “la impunidad no sólo se mide con cuántas personas están o no en prisión, sino con las acciones efectivas e inmediatas del Estado ante las denuncias que hace una persona por haber sido violentada y, en este caso, estamos hablando de torturas sexuales”. Si bien –dijo la defensora– la sanción a los responsables es importante, ésta debe abarcar a todas las personas involucradas, desde autoridades estatales, municipales e incluso de alto nivel, hasta las autoridades federales que han reconocido su responsabilidad respecto al operativo policial de 2006. Más allá del encarcelamiento o no de estos funcionarios, sigue como una responsabilidad del Estado mexicano no obstaculizar el acceso a la justicia de las sobrevivientes ante la CIDH. Además –apuntó Olivos Portugal– está pendiente el reconocimiento de la verdad de los hechos, pues incluso en los últimos escritos del Estado mexicano ante la CIDH continúa la criminalización a varias de las demandantes y la justificación de las acciones violentas realizadas. Es por ello –agregó– que para las 11 sobrevivientes, la detención de estas personas no es prioritaria, pues su principal apuesta es lograr la reparación total del daño y que la CIDH emita un “informe de fondo” donde señale la responsabilidad de México en la violación a Derechos Humanos y emita recomendaciones. Araceli Olivos aclaró que las mujeres no han sido notificadas sobre si se abrieron procesos penales contra los inculpados, pero adelantó que estarán al tanto de los eventuales juicios. La abogada explicó que las sobrevivientes de Atenco consideran que la detención de los servidores y exservidores públicos puede ser “una especie de arma a favor del Estado para revictimizar a otras personas que no son las 11 peticionarias (ante la CIDH), pero que también fueron detenidas”. Abundó que seguramente se les pedirá a otras mujeres víctimas de los hechos de violencia que rindan sus testimonios y cuenten otra vez todo lo sucedido. Por ello –anunció la defensora–, desde el Centro ProDH “nos apersonaremos y buscaremos coadyuvar” en el proceso, pues queremos evitar la revictimización ante estas acciones “ilusorias” para hacer justicia. “Lo que queremos dejar en claro es que ellas (las 11 sobrevivientes) ya han declarado en demasía, han dicho suficiente y no hay nada más que decir; ellas se han sometido a exámenes médicos para documentar las agresiones, así que ya no hay más que documentar”, remarcó. Trascendió que la CIDH podría emitir su “informe de fondo” antes de que concluya octubre; de no ser así, se presentaría en marzo de 2015.