MÉXICO, D.F. (apro).- Las autoridades hacendarias desmantelaron una red de contrabandistas textiles conformada por 219 personas físicas y morales, quienes subvaluaban sus mercancías, con lo que dejaron de pagar al fisco 500 millones de pesos, reveló el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez. En rueda de prensa, el funcionario precisó que “estamos hablando de que la mercancía se encuentra por abajo del precio de la materia prima, y tratándose de la rama de la industria del vestido, es decir, ya un producto confeccionado, se encuentra por abajo del precio mínimo de producción”. En esta red internacional se encuentran involucradas empresas de México, Estados Unidos, Panamá, Islas Vírgenes, China, Singapur, Corea del Sur y Hong Kong, así como algunos agentes aduanales en México. En la conferencia, Núñez estuvo acompañado por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, así como por Moisés Kalach, líder de la industria textil. También señaló que la red detectada se integra por 219 sujetos, de los que 154 personas morales han sido denunciadas y a 85 se les han asegurado ya las cuentas bancarias. Los denunciados cumplían diferentes roles en la red: 53 proveedores internacionales, 31 importadores, 22 agentes aduanales y 113 empresas ficticias que se utilizaron para realizar transferencias internacionales. La forma de operación de esta red inicia con la importación de mercancías subvaluadas, actividad que consiste en declarar un valor menor al realmente pagado por la mercancía que se importa, disminuyendo así la base gravable con el objeto de pagar menos contribuciones. El valor declarado de esta mercancía, vendida por el exportador que se encuentra como proveedor en estos países a 31 importadores en México, apenas --valor declarado en aduanas-- alcanzó la cifra de 216 millones de pesos. De acuerdo con el SAT, se estima que el valor real de ese producto, comparado con el precio internacional, tanto de la rama industrial de textil como del vestido, al menos sería equivalente a siete veces el valor de los 216 millones de pesos; es decir, “estamos hablando de al menos una base gravable de mil 512 millones de pesos”. Derivado de lo anterior, se estima una omisión en el pago de impuestos por actos de comercio exterior de al menos 500 millones de pesos. Para ello, importadores establecidos en México compraron mercancía a proveedores extranjeros utilizando facturas falsas. La diferencia en el valor de venta y el costo era pagada por el importador a empresas ficticias, quienes sin tener una relación real de negocio transferían grandes cantidades de dinero a los proveedores. De esta manera se adquiría mercancía a un monto menor al comercial, la cual se integraba al mercado nacional a través de diferentes distribuidores, afectando a las empresas formales que sí realizan sus operaciones en el marco de la Ley. Las autoridades aseguraron las cuentas bancarias de 85 personas morales, físicas y agentes aduanales; se iniciaron 12 auditorías de comercio exterior; se canceló el Certificado de Sello Digital y la Firma Electrónica de las empresas involucradas para que no puedan facturar ni seguir operando formalmente. Además, se dio de baja del Padrón de Importadores a las empresas involucradas, con el propósito de impedir que continúen realizando operaciones de comercio exterior; mientras que se auditará a personas físicas y morales, así como a accionistas, socios, representantes legales y agentes aduanales, con el objeto de acreditar la realización de actos constitutivos de delitos fiscales o lavado de dinero.