MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer hoy la captura de cuatro civiles que presumiblemente participaron en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 27 de septiembre en la ciudad de Iguala, Guerrero. Según el titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam, con los testimonios de los indiciados se logró obtener información de otras cuatro fosas con restos humanos calcinados, igual que las descubiertas la semana pasada donde se encontraron 28 cuerpos. En rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por el titular de la SEIDO, Rodrigo Archundia; el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, y el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, el fiscal federal que está a cargo de la investigación, aseguró que es prematuro afirmar que se trate de los normalistas, a pesar de que las personas capturadas así lo aseguraron. "No podemos confirmar si es cierto que se trate de los restos de los estudiantes", dijo Murillo Karam, quien de paso comentó que la PGR ya emitió una orden de presentación y localización contra el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, su esposa y el jefe de la Policía municipal para que declaren ante el Ministerio Público Federal. En la conferencia, Tomás Zerón indicó que hasta el momento suman ya 34 detenidos por los hechos ocurridos en Iguala el pasado 26 de septiembre, incluidos los capturados este jueves, los cuales, aclaró, no forman parte de la policía. Aguirre Rivero recibe a misión de la ONU-DH En el estado de Guerrero, el gobernador recibió este jueves a funcionarios de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Según el boletín difundido por el organismo internacional, el motivo de la visita fue intercambiar información sobre los sucesos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre último en el municipio de Iguala, donde fueron asesinadas seis personas, una de las cuales fue encontrada con signos de tortura, 17 más resultaron heridas y desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. La ONU-DH expresó su preocupación por las “gravísimas violaciones a los derechos humanos” en dichos sucesos, por lo que formuló las siguientes propuestas: Revisar los mecanismos de búsqueda activados por las autoridades estatales en la medida que no han sido eficaces, alentando la adopción de un plan metodológico o programa de investigación. Velar por el estricto seguimiento a los protocolos de exhumación para no afectar la validez de las pruebas recabadas. En este contexto, la ONU-DH valora la oportunidad que se le ha brindado al Equipo Argentino de Antropología Forense para participar en el proceso de identificación de los restos y toma nota del compromiso del gobernador para brindarles todo el apoyo y acceso. Garantizar que las víctimas y sus familiares reciban en todo momento un trato digno y humano por parte de las autoridades, especialmente en estos momentos de tanta angustia e incertidumbre, que sea igualmente respetuoso de sus valores y culturas. Investigar y adoptar las medidas que fueran necesarias frente a la falta de diligencia de la policía estatal, presente en Iguala el día de los hechos, para evitar los asesinatos y desapariciones de los estudiantes y demás víctimas, incumpliendo su deber de prevención y protección. Impulsar las investigaciones para que estos hechos y otras graves violaciones ocurridas en el Estado no queden en la impunidad, tomando en cuenta que el deterioro del estado de derecho en Iguala venía siendo denunciando desde varios meses atrás. Como muestra de ello, la propia ONU-DH emitió un comunicado de prensa el 4 de junio de 2013 condenando y repudiando el asesinato de tres personas y la privación de la libertad de otras cuatro sin identificar. Las siete víctimas eran integrantes de la Unidad Popular de Iguala. Diversas fuentes señalaron la presunta implicación en estos hechos de autoridades municipales de Iguala. En el comunicado, la ONU-DH dice que toma nota de la información recibida por parte del gobernador y hace un respetuoso llamado a las autoridades estatales para que, en conjunto y en coordinación con las autoridades federales, adopten todas las medidas necesarias para la inmediata localización de los estudiantes desaparecidos, para que se sancione a los responsables, se repare a las víctimas y se brinden garantías de que violaciones a los derechos humanos tan graves como las ocurridas en Iguala no vuelvan a repetirse nunca más. Finalmente, la ONU-DH reitera su disponibilidad para seguir trabajando por la plena vigencia de los derechos humanos en México, conjuntamente con las autoridades estatales, la sociedad civil, y sobre todo con las víctimas y sus familiares a quienes manifiesta su solidaridad y apoyo.