MÉXICO, D.F. (apro).- Sobrevivientes de tortura sexual y representantes de organizaciones sociales denunciaron la existencia de un patrón sistemático de sometimiento contra las mujeres por razones de género por parte de miembros de fuerzas de seguridad. Las agresiones, dijeron, son para castigar el activismo social o, bien, fabricar culpables en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. En víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 18 mujeres que participan en la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, exigieron la libertad absoluta de Claudia Medina Tamariz, Verónica Razo Casales y Yesenia Armenta Graciano, inculpadas en delitos graves. En conferencia de prensa, Italia Méndez, una de las 11 mujeres agredidas sexualmente en el desalojo violento de Atenco en mayo de 2006, caso que se encuentra en litigio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aseguró que en aquel operativo en el que se detuvo a 207 personas “quedó que la orden a los cuerpos policiacos es que se valía de todo” para contener las movilizaciones sociales, por lo que las mujeres fueron blanco de violencia sexual para “humillar y generar miedo”. Agregó que, con la “guerra contra el narcotráfico” impulsada por el presidente Felipe Calderón, y continuada en la administración de Enrique Peña Nieto, la tortura sexual se ha utilizado “contra mujeres para que acepten haber cometido delitos o culpen a otras personas, con lo que mujeres trabajadoras o amas de casa se han convertido en chivos expiatorios”. En conferencia de prensa, Stephanie Brewer, abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dio a conocer un informe enviado a organismos de derechos humanos la ONU y de la OEA, sobre la situación de la tortura sexual en México. Al señalar que en denuncias penales las procuradurías estatales y la General de la República no desagregan la tortura sexual, Brewer señaló que de acuerdo a respuestas a solicitudes de información, hay entidades en las que no hay registros de denuncias por tortura a mujeres en los últimos cinco años en entidades como Campeche, Hidalgo, Jalisco, Morelos y Nuevo León. De acuerdo con el informe enviado a los organismos de la ONU y la OEA, Brewer señaló que hay estados que sí registran denuncias de tortura a mujeres, datos que, dijo, “no son concluyentes” sobre lo que pasa en el país. Según dichos datos, de 2010 al primer semestre del año en curso  se registraron 22 denuncias en Baja California; 49 en Chiapas; 23 en el Distrito Federal; 10 en Guanajuato; 15 en Puebla; ocho en Querétaro; seis en Quintana Roo; 10 en Tlaxcala, y entre una y cinco denuncias en Aguascalientes, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. Al sostener que no hay sentencias por tortura sexual, la abogada advirtió que frente a estas cifras, pudieron ubicar 128 quejas formuladas en organismos públicos de derechos humanos en Baja California (14), Baja California Sur (2), Chiapas (3), Chihuahua (9), Coahuila (4), DF (31), Guanajuato (3), Hidalgo (2), Michoacán (8), Oaxaca (7), Tabasco (30) y Tlaxcala (1). Destacó que en el caso del DF, la Comisión de Derechos Humanos local tiene un registro de 367 denuncias por tortura formuladas por mujeres en los últimos diez años. En el informe firmado por las organizaciones que impulsan la campaña, se indica que frente a la falta de información y detalle de comisiones de derechos humanos y procuradurías, organizaciones como el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) informó que de 327 casos atendidos entre 2004 y 2013, “57 mujeres denunciaron tortura sexual, de las que casi el total de ellas fueron sometidas a tortura por parte de los cuerpos de seguridad del país”. Araceli Olivos, abogada también el Centro Prodh, lamentó que en el tema de la tortura sexual “el gran ausente es el Poder Judicial de la Federación, al no dar respuesta a las alegaciones de tortura sexual” en los procesos seguidos contra mujeres que han sido víctimas y han sido acusadas de delitos graves. Expuso que en el caso de una de las integrantes de la campaña, Claudia Medina Tamariz, torturada por marinos en instalaciones de la Secretaría de Marina Armada de México, magistrados de un Tribunal Colegiado de Circuito validaron la retención de Claudia y deslegitimaron las quejas por tortura, en tanto que los Protocolos de Estambul, que certifican las torturas, no han sido tomados en cuenta para librarla de los delitos de portación de arma de fuego exclusiva de fuerzas castrenses y delincuencia organizada. Más aún, hasta ahora “la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha marcado precedentes sobre la tortura sexual contra mujeres, y se ha negado a aceptar la atracción del caso de Claudia, que le permitiría fijar una posición frente a un problema de esta naturaleza”. Olivos Portugal puntualizó que a la campaña que arrancó en mayo, y que inicialmente se impulsó por el Centro Prodh, por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, Asociadas por lo Justo (JASS por sus siglas en inglés) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), se sumaron otras tres agrupaciones en México, CCTI, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Con las mujeres sobrevivientes de tortura sexual se solidarizaron Amnistía Internacional, la Organización Mundial Contra la Tortura, la Ofician en Washington para América Latina, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Centro de Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional.