MÉXICO, D.F. (apro).- El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, aseveró que Lawrence Maxwell Ilabaca, el estudiante chileno detenido a raíz del violento desalojo del Zócalo capitalino el 20 de noviembre, “está sujeto a proceso, está recibiendo toda la atención y todas las garantías de la justicia mexicana”. El diplomático aseguró lo anterior en el marco de la reunión que tuvo –aprovechando su gira de trabajo por Chile– con Alberto Maxwell, padre del estudiante de doctorado de la UNAM. Según la entrevista difundida por la Cancillería mexicana, Meade Kuribreña dijo a Alberto Maxwell que su hijo “goza de todas las garantías” que la justicia mexicana da a toda persona sometida a un proceso jurídico y que, además, recibe el apoyo puntual de las autoridades consulares chilenas. Le recordó que está sujeto a proceso y fue presentado ante un juez “que determinará, en su caso, si debe o no de mantenerse sujeto a proceso”. Meade ofreció una conferencia a la prensa chilena, a la que aseguró que el joven está siendo procesado “en la mejor de las voluntades, con el mayor diálogo y en absoluto apoyo, apego, transparencia y disposición de que recibe todo el apoyo de la justicia mexicana”. El funcionario insistió en que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene un “diálogo permanente” con el gobierno chileno a través de su embajada y de los consulados. Consultada hoy, la oficina consular de Chile en México informó que el cónsul viajó a Veracruz ayer, más de 24 horas después del traslado al penal de alta seguridad de Villa Almada del estudiante chileno. ¿Garantías? Actualmente, Lawrence Maxwell Ilabaca está en el penal de alta seguridad de Villa Almada, en Veracruz, en espera del juicio por los delitos de asociación delictuosa, motín y tentativa de homicidio, que lleva el Juzgado 17 de Distrito, en Xalapa. Junto con otras 10 personas detenidas esa noche –casi todas fueron golpeadas–, Maxwell fue trasladado de inmediato al edificio de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde las autoridades le imputaron los delitos de motín, tentativa de homicidio, delincuencia organizada y terrorismo, aunque estos dos últimos le fueron retirados. Pese a las “garantías” que aseguró hoy el canciller mexicano ante la prensa chilena, la estancia de los detenidos en la SEIDO estuvo plagada de irregularidades, según constató Apro los pasados viernes y sábado, y de acuerdo con los familiares y abogados presentes frente al edificio de la dependencia. Los abogados nunca pudieron ingresar a la SEIDO, ya que las autoridades les negaron el derecho a sus defendidos. Los uniformados tampoco dejaron a varios de ellos realizar una llamada telefónica a sus familiares. El viernes, mientras los letrados trataban de entrar a la SEIDO, el Ministerio Público obligó a los 11 detenidos a declarar con un abogado de oficio. En al menos uno de los casos, la funcionaria encargada de recoger la declaración de una estudiante añadió al documento final una frase: “Me subieron a la camioneta por atacar la paz pública”, según dijo ella a su padre. Los padres de familia y abogados acudieron por la mañana del viernes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CDNH), para pedir el otorgamiento de tres medidas cautelares. En una de ellas, urgieron al ombudsman nacional, Luis Raúl González, impedir a la Procuraduría General de la República (PGR) el traslado de los detenidos a penales fuera del Distrito Federal. Sin embargo, a mediodía del sábado 22, el anuncio de que desde las 7 siete la mañana las autoridades consignaron a los detenidos a los penales de alta de seguridad de Villa Almada, para los hombres, y en Tepic, Nayarit, para las mujeres, cayó como un balde de agua helada. Para ese entonces, los abogados casi habían alcanzado un acuerdo con la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, mediante el cual se les permitía el acceso a la SEIDO, junto con los familiares de los detenidos. No sabían que éstos ya se encontraban recluidos detrás de rejas de alta seguridad en otros estados del país, a menos de 48 horas de su detención que, denunciaron, se llevó a cabo de manera arbitraria. La noche del jueves 20, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró en entrevista en Televisa que Lawrence Maxwell fue “uno de los más violentos” durante la manifestación en apoyo a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. El chileno, quien estudia el doctorado en Letras en la UNAM, dio a conocer su versión de lo ocurrido esa noche a través de algunos amigos. Les contó que aquel día volvió de un viaje a Oaxaca. Andaba en el centro con su bicicleta, que amarró para comprar un tamal. Según él, vio correr a una gran cantidad de personas perseguidas por granaderos. Pero él no pudo irse, ya que su bicicleta seguía amarrada. Fue ahí cuando los granaderos lo sometieron.