MÉXICO, D.F., (apro).- En un hecho inédito hasta ahora, las comisiones de Derechos Humanos Nacional (CNDH) y del Distrito Federal (CDHDF) condenaron cualquier tipo de violencia y exigieron a las autoridades garantizar la seguridad de las personas que ejercen su derecho a manifestarse. Además, coincidieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su demanda de que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones “que estigmaticen a defensoras y defensores, y que pongan en duda la legitimidad del trabajo que realizan junto con sus organizaciones”. En un comunicado conjunto, ambos organismos expresaron su más enérgica condena a la violencia, “sin importar de dónde provenga, pues todos tenemos derecho a vivir sin miedo, con tranquilidad, seguridad y paz”. Asimismo hicieron un llamado a las autoridades para que los servidores públicos, especialmente los pertenecientes a las fuerzas del orden, “lleven a cabo sus funciones en el marco de la ley y en apego a los más altos estándares en derechos humanos, con el fin de garantizar la seguridad de las personas que ejercen su derecho a la libre manifestación”. Sobre la labor de los profesionales de la información en el marco de una manifestación pública, coincidieron con la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH en que éstos no deben ser molestados, detenidos o trasladados, ni sufrir limitación alguna a sus derechos de ejercer su profesión. “Por el contrario, se les deben dar garantías impidiendo cualquier acción que intente obstruir su labor, como por ejemplo, evitar que sean secuestradas sus herramientas de trabajo”. Añadieron: “Es necesario que la autoridad aplique protocolos de prevención en las manifestaciones, identifique a quienes incurran en actos de violencia y proceda conforme a Derecho, con respeto irrestricto a sus derechos humanos. No se puede permitir que la violencia desvirtúe el ejercicio legítimo a la protesta social pacífica”. Respecto de los acontecimientos del pasado jueves 20, en el marco de las protestas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, señalaron que personal de ambos organismos acompañó de manera coordinada dicha movilización. Hasta el momento, la CNDH ha recibido 44 quejas que están siendo investigadas, además de dar seguimiento a la situación de las personas que se encuentran detenidas en los penales federales Femenil, número 4 de Tepic, Nayarit, y número 5 de Villa Aldama, Veracruz, acusados de los delitos de asociación delictuosa, motín y homicidio en grado de tentativa. Por su parte, la CDHDF inició una investigación de oficio a la que se han acumulado 18 quejas más como aportación. En el marco de la investigación, se formularon tres solicitudes de medidas precautorias a la Secretaría de seguridad Pública capitalina, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Secretaría de Gobernación y Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC). De acuerdo con el documento, se ha recabado el testimonio de 30 presuntas víctimas, se solicitaron los materiales de videograbación de las cámaras de seguridad de la ciudad y se remitieron seis quejas a la CNDH por razón de competencia. LA CNDH y la CDHDF refrendaron su compromiso de vigilar y señalar abusos y violaciones a derechos humanos por parte de la autoridad, e hicieron un llamado a que se haga un uso diligente del derecho penal y se respeten en todo momento las garantías judiciales que deben imperar en un Estado democrático. “Debemos recordar que el derecho a la manifestación no es un derecho absoluto, por lo que debe realizarse en armonía con nuestra convivencia civilizada. “De igual manera, la Corte Interamericana ha señalado que si bien el Estado tiene el deber y la obligación de garantizar la seguridad y el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el compromiso, en todo momento, de aplicar procedimientos conforme a derecho y respetuosos de los derechos humanos de todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción, en especial durante la protesta social. Esa articulación de derechos y responsabilidades permite, en último término, la consolidación del Estado democrático de Derecho”, concluye el texto.