MÉXICO, D.F. (apro).- El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU instó al gobierno de Enrique Peña Nieto a poner en libertad al defensor indígena Damián Gallardo Martínez, quien se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, y con ello “poner fin a esta situación de violaciones múltiples”, así como “acordar las medidas de reparación apropiadas en favor de esta persona”. En la resolución A/HRC/WGAD/2014, el grupo de expertos de la ONU consideró que la detención arbitraria de Gallardo Martínez se agrava por su condición de defensor de derechos humanos, lo que obliga al Estado mexicano a garantizar su protección. Damián Gallardo Martínez fue detenido el 18 de mayo de 2013 acusado de formar parte de una banda de secuestradores integrada supuestamente por miembros de la Sección 22 y de la Asamblea Popular de los Pueblo de Oaxaca (APPO). Sin orden de aprehensión, la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) lo acusó de haber participado en el secuestro de los menores Juan José y Alexa Álvarez Benfield, hijos del empresario José Álvarez Candiani. Su defensa envió su caso al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que solicitó sin éxito información al gobierno de Peña Nieto sobre los señalamientos de tortura y violaciones al debido proceso. Ante el silencio del gobierno mexicano, el Grupo de Trabajo emitió una resolución el 26 de agosto que, una vez más, fue desatendida, por lo que la ONU recientemente hizo pública la decisión, tras ser presentada en el 70 Periodo de Sesiones en Ginebra, Suiza. Los expertos de ONU consideraron que el caso de Gallardo Martínez tiene “serias alegaciones no solamente de violaciones a los derechos humanos, sino también de la obligación de protección debida a un defensor de derechos humanos, particularmente de los derechos de los pueblos indígenas, mencionándose en la relación de hechos actos de intimidación, amenazas y prácticas repetidas de actos de tortura”. De acuerdo con la información recabada por el Grupo de Trabajo, compuesto por expertos independientes, se comprobó que “el arresto y la detención de  Damián Gallardo Martínez son arbitrarios” en tres distintos niveles. Para el grupo de expertos la detención de Gallardo cumple la primera categoría, toda vez que “fue arrestado y detenido sin que hubiese certeza sobre la existencia de una base legal” para ello en mayo de 2013 y, más tarde, “pese a que la justicia revocó el auto de formal prisión y ordenó su puesta en libertad, fue mantenido en detención desde el 23 de enero al 2 de febrero pasados, hasta que un nuevo auto de formal prisión fue emitido con el propósito de justificar su mantenimiento en detención”. En el documento también se destaca que “el arresto y detención de esta persona parecen motivarse en las actividades que ha desplegado al servicio de los pueblos indígenas de los que él mismo forma parte”, es decir, que se encuentra en la cárcel por su condición de defensor, lo que lo circunscribe en el segundo nivel de los criterios aplicados por el Grupo de Trabajo. Luego de señalar que el defensor firmó una confesión autoinculpatoria después de “haber sido sometido a amenazas, actos de intimidación y prácticas de tortura”, los expertos consideraron que “cada vez que la práctica de tortura conduce a constituir o establecer elementos de prueba que son utilizados contra la víctima, se afecta el carácter imparcial, justo y equitativo del proceso penal, y la detención deviene en arbitraria conforme a la categoría III de las categorías aplicadas por el Grupo de Trabajo”. La anterior categoría se confirma toda vez que a Gallardo Martínez se le dictó un auto de formal prisión “por los mismos hechos y sobre la base de los mismos argumentos y calificación que habían sido ya revocados por los órganos judiciales”. Ante esos elementos, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria instó al gobierno mexicano “a adoptar las medidas necesarias para poner fin a esta situación de violaciones múltiples y a acordar medidas de reparación apropiadas en favor de esta persona”. Sobre las denuncias y pruebas presentadas sobre otros abusos, los expertos determinaron “transmitir las alegaciones de tortura al Relator Especial” de la ONU.