GUANAJUATO, Gto., (apro).- El caso Marisela Escobedo Ortiz, la activista ejecutada a las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua el 16 de diciembre de 2010, será llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). En entrevista, la abogada Luz Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, (Cedehm), afirma que en marzo próximo presentarán el caso ante el organismo para que se finquen responsabilidades al Estado mexicano “por omisión y negligencia”. De visita en esta ciudad para participar en la Clínica Jurídica del Centro Las Libres y académicas de la Universidad de Guanajuato, Castro Rodríguez dice que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) trabaja en la estrategia para apoyar la petición ante la CoIDH, en coordinación con el Cedehm. “En estos momentos al Estado mexicano le importa muchísimo la mirada internacional. Entonces, vamos a hacerlo (la petición) con el Cejil. Ahora estamos en la conclusión y queremos jalar también el caso de Rubí, porque no puede entenderse el feminicidio de esta defensora (Marisela Escobedo) si no se entienden las negligencias y todo lo que falló en el caso de Rubí”, señala la abogada. A los 16 años de edad, Rubí Marisol Frayre Escobedo fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, por Sergio Rafael Barraza Bocanegra, su pareja. El cadáver de la joven fue calcinado y tirado a un basurero. Era el año 2008. Desde entonces Marisela inició su activismo con la búsqueda del homicida, a quien localizó con sus propios recursos. Barraza fue detenido y confesó su crimen. También dio a conocer el sitio donde se encontraban los restos de Rubí. Pese a ello quedó en libertad “por falta de pruebas”. En esa ocasión, el Tribunal resolvió que la única prueba presentada por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres era insuficiente, pues se resumía a lo expresado por el propio acusado, ante diversas personas: dos agentes de la Policía Municipal, un agente de la Policía Ministerial Investigadora y a su padrastro, en el sentido de que él había dado muerte a Rubí Marisol al encontrarla con otro hombre. “Estas manifestaciones no merecen valor probatorio suficiente para por sí solas demostrar el hecho, pues la testigo Marisela Escobedo Ortiz dijo que el acusado tenía fama de no decir la verdad y alardear. Además, no coincide con lo que el menor Ángel Gabriel Valles Maciel afirmó, que oyó decir al acusado, en los últimos días de agosto de 2008, sobre que había matado a su pareja y a otra persona, pero con disparos de pistola. “Por ende, la única prueba en este sentido se encuentra en contradicción con otra de la misma fuente, lo que nos permite asegurar que, al menos en una de las versiones (golpes a la menor o disparos de pistola) el hoy acusado mintió, y al ignorarse en cuál de ellas lo hizo, no puede tenerse por verdadera ninguna de las versiones”, citó el juez redactor, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez. Desde ese momento Marisela Escobedo inició una serie de protestas para denunciar la actuación de los jueces en el caso de su hija, y se instaló frente al palacio de gobierno de Chihuahua, durante la administración de los gobernadores Fernando Baeza y César Duarte. El 16 de diciembre de 2010 Marisela Escobedo fue asesinada de un disparo en la cabeza con una pistola 9 milímetros. En noviembre de 2012 Rafael Barraza fue abatido por soldados. Ese mismo año las autoridades de Chihuahua presentaron a José Enrique Jiménez como el asesino de Marisela. Para Luz Castro Rodríguez, la batalla de Marisela Escobedo, junto con la que años atrás iniciaron las madres y defensoras de jóvenes y mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, y que dio lugar al surgimiento de organizaciones como Justicia para Nuestras hijas y el propio CEDEHM, sirvió para hacer visible “todo ese ambiente putrefacto y el drama que significa para las y los defensores de este país asumir esas luchas”. Desde la primera mitad de los noventa, agrega, las mujeres de Chihuahua, “especialmente las madres”, gritaron al mundo lo que estaba sucediendo, primero en referencia a las muertas de Juárez y luego al hablar de feminicidio, de trata y de la incorporación de la delincuencia organizada, pero “nadie hizo caso”. Desde entonces hasta la fecha, subrayó, la política de simulación del Estado prevalece, y ahora también con “juvenicidios”. “Así como en un primer momento hablábamos de asesinatos de mujeres en Juárez y luego nos dimos cuenta de que estábamos ante un fenómeno de feminicidio, actualmente hay estados donde se dan desapariciones involuntarias, la mayoría de jóvenes en edad productiva. Y Chihuahua es uno de los estados donde más desapariciones forzadas hay: más de mil 500. Estamos hablando en su mayoría de asesinatos o desapariciones de jóvenes, porque no se atendieron a tiempo las cuestiones estructurales que tienen que ver con el crimen organizado, que está infectando todos los niveles en el país”, dice. La simulación. De acuerdo con Castro, la política de simulación del Estado se demuestra con los avances en materia legislativa que el gobierno mexicano presume ante instancias internacionales para decir que está comprometido con los derechos humanos, pero luego todo falla con la interpretación que de esas leyes hacen los operadores del sistema judicial. “Por ejemplo, los abogados (de víctimas y defensoras y defensores) estamos preocupadas porque con el Código de Procedimientos Único, realizado también desde un escritorio, no se toman en cuenta los delitos de género, ni los derechos de las víctimas. En el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres hemos litigado desde 2007 estos casos y vemos con honda preocupación un gran retroceso en el tema de víctimas”. En Chihuahua, destaca, los feminicidios y desapariciones no han terminado. De 1994 a la fecha han sido asesinadas más de 2 mil mujeres, y la Alerta de Género prevista por la ley se ha convertido, igual que la tipificación del feminicidio, en un instrumento para evadir el tema y para la rebatinga política. “Cuando hay una catástrofe natural, heladas o inundaciones, los estados salen a pedir de inmediato una declaratoria de emergencia, pero cuando hay violaciones masivas a los derechos humanos, los estados lo niegan”, lamenta. Luz Castro asegura que el panorama en Chihuahua no es muy distinto al de Guerrero. “Territorios completos en manos del crimen organizado, policías al mando de los propios sicarios, delincuentes y mujeres que son obligadas a colaborar con ellos y sus historias son invisibles”, dice. --¿Y la criminalización de las protestas también? –se le pregunta. --Una de las estrategias que el Estado mexicano en sus diferentes niveles ha implementado siempre tiene que ver con un proceso perverso de descalificación de las víctimas. Cuando aquellas se convierten en defensoras y recurren a la justicia, lo primero que hacen es descalificarlas. Esas marchas genuinas de los jóvenes pasan por la descalificación. Lo primero que el Estado piensa es en estigmatizarlos. “La descalificación de las luchas por los derechos humanos en este país no es nueva, es una estrategia continua, que ahí está, sirve para inhibir en el corazón de los jóvenes la indignación”. Castro Rodríguez, quien cuenta con medidas cautelares de protección ordenadas por la CoIDH ante las amenazas recibidas, resalta que “aunque las autoridades no se han dado cuenta”, los abogados defensores de derechos humanos, a diferencia del pasado, están conscientes de que México es uno antes y otro después de la reforma al Artículo 1º constitucional. “Nos hemos apropiado de esta reforma legal y la hacemos viva. Tiene que ver con el nuevo papel de las víctimas. Anteriormente, cuando había una ofensa, se consideraba que a quien se ofendía era al Estado. Ahora las víctimas tienen voz, y las defensoras y abogadas hemos aprendido que no podemos ser sólo despachos, tenemos que acompañar a las víctimas, ir caminando con el activismo, con la protesta, la denuncia, pero también con el estado de derecho, no el que consideran las autoridades, sino con el estado de derecho superior, encima de los bandos de policía y buen gobierno”. La directora del Cedehm también se refirió a la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) con los detenidos en el Zócalo el pasado 20 de noviembre, y al respecto dice simplemente: “Da pena ajena”. Añade: “Los presos políticos no son nuevos en México, es toda una historia de presos políticos. Lo que sucede es que ahora caminar por los derechos humanos nos ha permitido actuar distinto, además de que las redes sociales y los medios de comunicación independientes están dejando atrás a los medios cooptados por el Estado, que ya no puede fácilmente continuar con la fabricación de delitos como lo hizo el 20 de noviembre. Ya no es como antes, la movilización ciudadana ahí está”. Finalmente, la “defensora de defensores”, como ella se define, afirma que ante la mirada internacional, el presidente Enrique Peña Nieto pasó de ser el estadista capaz de conciliar a las fuerzas políticas para firmar un Pacto por México, a la corrupción evidenciada con la adquisición de la llamada Casa Blanca, por lo que las organizaciones y ciudadanos deben seguir buscando visibilizar estos asuntos ante el mundo y organismos como la CoIDH, como ocurrirá con el caso de Marisela Escobedo y su hija Rubí Marisol. “Peña se viene al despeñadero. Tenemos que reivindicar mucho el trabajo de los medios independientes, abren el camino de otra mirada sobre lo que está sucediendo. Por ahí se puede ver el despeñadero. Ya no es tan fácil que el pueblo se trague esa telenovela que nos quieren vender”, remata.