MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció hoy la creación de una oficina especial que se encargará de investigar las presuntas violaciones a las garantías individuales registradas en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre pasado, en donde perdieron la vida seis personas --tres estudiantes entre ellos--, 17 más resultaron heridos y 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Luis Raúl González Pérez, titular del organismo, puso a cargo de esa encomienda a José T. Larrieta Carrasco, e informó en un comunicado que buscará mantener comunicación directa con los padres de los normalistas desaparecidos y sus representantes, así como con las ONG, nacionales e internacionales, y grupos defensores de derechos humanos que los acompañan, a fin de brindar al caso la atención prioritaria que reclama. La oficina de nueva creación “deberá fortalecer sus tareas hacia la determinación de conductas u omisiones violatorias de derechos humanos en que algunas autoridades pudieron incurrir antes, durante y después de los referidos acontecimientos”, abundó la CNDH. Además, Larrieta Carrasco tendrá entre sus funciones impulsar la integración del expediente de queja, procurar la información de toda autoridad que debe proporcionarla y analizar las constancias que obren en averiguaciones previas, del fuero federal y local, para identificar cualquier probable violación a los derechos humanos, así como vigilar que las autoridades agoten todas las líneas de investigación. La CNDH, señaló en su comunicado que el titular de la oficina especial “es un profesional con experiencia” que se ha desempeñado como coordinador del Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH; prestó sus servicios en diversas dependencias federales y locales del ámbito de procuración de justicia, de donde proviene su experiencia en materia de investigación y también fue asesor Interregional Externo del Centro para la Prevención del Crimen Internacional de la Oficina de la ONU. En el ámbito académico, ha impartido las materias de Derecho Penal, Procesal Penal, Garantías Constitucionales, Amparo Penal y Derechos Humanos, entre otras, en universidades e instituciones nacionales, en niveles de maestría y doctorado, refirió el organismo autónomo.