MÉXICO, D.F. (apro).- Representantes de organizaciones no gubernamentales alertaron por el preocupante incremento de agresiones a activistas defensores de la tierra y pueblos indígenas, como resultado de una estrategia mundial de impulsar megaproyectos económicos. En conferencia de prensa en la que se presentó el informe anual del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos No tenemos miedo. Defensores del derecho a la tierra: atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado, denunciaron que la reforma energética y las medidas anunciadas la semana pasada por Enrique Peña Nieto ponen en riesgo a la población más empobrecida del país por la imposición de megaproyectos. Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana de Defensa de Derechos Humanos (Limeddh) pronosticó “tiempos difíciles” para los defensores de la tierra y los pueblos indígenas, porque “el decálogo de Peña Nieto hace énfasis en dar apoyo a los estados donde se han tratado de imponer megaproyectos en contra de los cuales hay una fuerte movilización ciudadana, es decir, se pretende dar incentivos económicos a los megaproyectos como si el problema en Oaxaca, Chiapas y Guerrero fuera de desarrollo y no de inequidad social”. Ramírez advirtió que la represión contra las comunidades y pueblos que se opongan a los proyectos “que no dejan beneficios claros a la población afectada se advierte porque uno de los objetivos de la Gendarmería es defender las inversiones  que vendrán como resultado de la reforma energética”. En el caso de México, el informe del Observatorio incluye el caso de Héctor Regalado Jiménez, miembro de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) que fue asesinado el 21 de julio de 2013, por oponerse a la construcción de parque eólicos, por parte de la empresa española Gas Natural Fenosa. También considera el caso de Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Tlaxcala y Puebla, encarcelado por oponerse a la construcción de un gasoducto en Morelos, parte del Proyecto Integral Morelos (PMI), en el que participan las empresas españolas e italianas Abengoa, Elecnor, Anagas y Bonatti. A Flores Solís se le responsabiliza de “disturbios”,  “saqueo”, “ataque a obras hidráulicas” y “extorsión”. Otro ejemplo mexicano que se tomó en cuenta en el informe es el de Claudia Zenteno, ambientalista que se ha encargado de denunciar las construcciones ilegales en torno al lago de Xochimilco, generando para ella y su familia, amenazas, ataques, secuestros y malos tratos. En enero de 2003 fue incluida como beneficiaria del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, otorgándole cuatro escoltas; en diciembre de ese año, sin previo aviso se le retiró la protección. De acuerdo con el documento, de 2011 a la fecha el Observatorio documentó 106 casos de hostigamiento contra 282 defensores del derecho a la tierra y 19 organizaciones en 29  países. En el mismo periodo, 43 fueron asesinados y 123  sufren acoso judicial. Además,  95% de las violaciones de derechos contra los defensores quedan en la impunidad. Axel García, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), sostuvo que el número de casos documentados por el Observatorio “no reflejan todas la agresiones que sufren los defensores, son casos paradigmáticos. En el caso de México, abundó, se incluyeron cuatro ejemplos, “pero sin que sean un reflejo de la realidad”. Lo que sí ha podido detectar el Observatorio, dijo, es que “hay un patrón generalizado en al menos estos 29 países, de criminalización, detenciones arbitrarias, hostigamiento a las organizaciones, campañas de desprestigio, agresiones aparejadas a los intentos por imponer proyectos o extraer recursos minerales, sin el consentimiento de las poblaciones”. Andrea Cerami, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), informó que de enero de 2013 a abril de este año su organización ha detectado 82 ataques a ambientalistas, de los cuales 53 corresponden a 2013, y los 29 restantes a los cuatro primeros meses del año. El incremento de las agresiones a ambientalistas se detectó, señaló Cerami, a partir de 2013, ya que en los dos años anteriores, entre 2011 y 2012, el número de casos fue de 49. El defensor insistió en que el problema básico es que “a pesar de que legalmente está contemplada la consulta ciudadana en los casos de mega proyectos, en los hechos no se lleva a cabo ninguna, sino que se trata de imposiciones lo que deriva inevitablemente en conflictos sociales”.