MÉXICO, D.F. (apro).- Por primera vez en esta Legislatura, PRI, PAN, PRD y PVEM presentaron en el Senado una iniciativa de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información consensuada con organizaciones no gubernamentales, que incorpora a los sindicatos y a los partidos como nuevos sujetos obligados, así como avances en materia de protección de datos personales. La ampliación de los sujetos obligados propone que sean también órganos autónomos, sindicatos y “cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos y realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal”. La iniciativa –que no surgió del Pacto por México– prevé también reducir de 12 a siete años el tiempo de reserva de información; establece un mecanismo más claro para el procedimiento de clasificar información como “reservada o confidencial”, e incorpora la figura del caso de denunciantes que hayan trabajado en las estructuras de gobierno, sin criminalizar a los informantes. Este es un efecto inmediato del caso de Edward Snowden, el exconsultor de las agencias de seguridad nacional estadunidenses, que detonó un escándalo internacional al filtrar información clasificada. La senadora del PRI, Arely Gómez, al presentar la iniciativa, explicó que fue el resultado de un trabajo de dos meses, con “un mecanismo innovador en el contexto de la agenda de parlamento abierto” y que incluye la instalación de un Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, que será el espacio de colaboración entre todos los organismos garantes, la Auditoría Superior de la Federación, el Inegi y el Archivo General de la Nación (AGN). “A través de este sistema se homologarán procedimientos, criterios y lineamientos para que todos los mexicanos, sin distinción, tengamos acceso a la información pública y prevalezcan los principios de máxima publicidad, transparencia y eficacia”, afirmó Gómez González. Otro de los avances más importantes, coincidentes con las posiciones de los partidos y las ONG, es la inclusión de la “prueba del daño” que deberán realizar todas las dependencias, al clasificar la información, y la “prueba del interés público” que deberán realizar los institutos de acceso a la información. La iniciativa fue respaldada por los senadores Alejandro Encinas, Dolores Padierna, Zoé Robledo y Angélica de la Peña, del PRD; Pablo Escudero, del PVEM; Marcela Torres y Laura Rojas, del PAN, así como 17 expertos que realizaron comentarios y dieron elementos valiosos, incluyendo a las excomisionadas del IFAI, Jacqueline Peschard, y María Marván, así como Mauricio Merino, Sergio López Ayón, Miguel Pulido y Arturo Alcalde, entre otros.