MÉXICO, D.F. (apro).- El PRD exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto que explique a los mexicanos por qué fue cancelado abruptamente el contrato para construir el tren rápido de la Ciudad de México-Querétaro, cuya licitación habría ganado un consorcio encabezado por la empresa China Railway Construction Corporation (CRCC), como lo anunció el 3 de noviembre Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT. "Debe asimismo deslindar responsabilidades por esa cancelación, si las hubiera, y en el caso de que existiera requerimiento de indemnización, el tema deberá tratarse con total transparencia y hacerse del conocimiento de la Cámara de Diputados para su autorización", indicó en un comunicado. También destacó que la firma china CRCC, según analistas, sufrió una caída de 4.94% en la Bolsa de Shanghai, y de 5.76% en Hong Kong, por la cancelación del contrato decidida por el gobierno mexicano. Además, recordó que este anuncio se hizo dos días antes de que MVS difundiera un reportaje sobre la propiedad de Angélica Rivera en Lomas de Chapultepec, en paralelo a un texto publicado en la revista Proceso en su edición 1986. "El PRD tiene información de que tres de las cuatro empresas mexicanas que participan en el consorcio de la CRCC resultan ser propiedad de personajes ligados al PRI y a Peña Nieto: Prodemex, pertenece a Olegario Vázquez Raña; Constructora Teya, dirigida por Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo cercano del presidente, a quien desde que Peña era gobernador del Estado de México, de 2005 a 2011, se le han adjudicado contratos multimillonarios, además de ser el presunto acreedor de la cónyuge del mandatario por la casa de Sierra Leona 150, y GIA+A, de Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari; siendo hasta el momento, GHP Infraestructura Mexicana la única que no cuenta con vínculos visibles", apuntó. Ello, advirtió, puede constituir una causal de responsabilidades de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Sin embargo, “los órganos encargados de la fiscalización, como son la Auditoría Superior de la Federación y el propio Congreso de la Unión, deben ser informados y proveídos de la documentación respectiva para dictaminar la validez de las razones de la determinación", agregó. El PRD resaltó que el miércoles el diario South China Morning Post dio a conocer que el gobierno de México habría pagado al consorcio chino 16 millones de dólares como compensación por haber cancelado la licitación ganadora. "El pueblo de México tiene derecho a saber con toda precisión si es cierta o no la versión del funcionario chino, el profesor Mengshu, y que los medios asiáticos han difundido, puesto que si habrá de indemnizarse, el gobierno federal debe decir con qué fundamento legal se realizará y de cuál partida del presupuesto federal se está disponiendo para una erogación de la magnitud que se presenta, misma que afectará sensiblemente la capacidad para cubrir necesidades ingentes y obras necesarias que se dejarían de realizar", acotó.