MÉXICO, D.F. (apro).- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó al magistrado de Circuito Rafael Zamudio Arias al comprobarle hostigamiento sexual y laboral, además de que le inició un procedimiento de responsabilidad por haber realizado movimientos financieros por más de cuatro millones y medio de pesos, que no correspondían a sus ingresos como juzgador. Zamudio Arias era titular del Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito con sede en Toluca y se le inició un proceso de investigación ante las quejas de sus colaboradoras, quienes lo denunciaron por intentos continuos por besarlas, tocamientos, llamadas telefónicas nocturnas, insinuaciones sexuales, acercamiento físico y forzamiento para sostener relaciones sexuales en las instalaciones del propio tribunal. Según informó el CJF, cuando las mujeres se negaban, el ahora exmagistrado las movía de puesto o del propio tribunal, además de que a algunas las obligó a renunciar y otras se separaron voluntariamente ante el acoso. Además, quebrantó la integridad emocional de sus subordinados porque los ridiculizaba e intimidaba, mientras que a otros les daba trato preferencial, con horarios diferenciados e inequidad en la carga de trabajo entre secretarios y actuaros judiciales. El CJF le inició también un procedimiento de responsabilidad al detectarle movimientos y/o abonos en sus cuentas por cuatro millones 697 mil 883 pesos, que no corresponden a su sueldo y según el organismo podrían ser resultado de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La separación del magistrado sigue a la decisión anunciada ayer por el CJF de suspender por sospechas de corrupción al juez Alfonso Javier Flores Padilla, destacado en Veracruz, pero investigado por su actuación como titular del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región en el Distrito Federal, donde estuvo a cargo de juicios de extinción de dominio. Flores Padilla, quien ahora está adscrito al Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Primer Región, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, es investigado por probable enriquecimiento ilegal, mentir en su declaración patrimonial y abandono del juzgado. De acuerdo con el CJF, a Flores Padilla y a su familia se le registraron viajes, residencias, y transacciones bancarias en dólares, de cuando estuvo a cargo de los juicios de extinción de dominio promovidos por la PGR en casos de delitos federales graves.