MÉXICO, D.F. (apro).- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato de Gregorio “Goyo” Jiménez, periodista de los diarios “Notisur” y “Liberal del Sur”, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado ayer en el municipio Las Choapas, Veracruz, luego de que el 5 de febrero fuese violentamente sacado de su casa por cinco sujetos armados. El comunicado de la ONU-DH señala: “el fatal desenlace trae una vez más el luto a Veracruz, entidad en la cual desde el año 2011 hemos lamentado las sucesivas muertes violentas de Regina Martínez, Esteban Rodríguez, Gabriel Huge, Irasema Becerra, Guillermo Luna, Víctor Manuel Báez, Chino Noel López Holquin, Miguel Ángel López Velasco, Yolanda Ordaz y Agustina Solana. La ONU-DH suma su sincera expresión de condolencias a la familia del señor Jiménez y a sus colegas. “Las autoridades locales han reportado haber alcanzado resultados luego de la detención de cuatro personas, las cuales habrían confesado su participación en el asesinato del señor Jiménez e incluso señalado el lugar donde se ubicó su cadáver y el de otras dos personas. “Combatir la impunidad que rodea muchos casos de agresiones contra las y los comunicadores sociales, así como los múltiples ataques a las instalaciones de los medios, es un deber indelegable e irrenunciable de las autoridades, pero urge además atender el evidente clamor del gremio periodístico por que se diseñen e implementen medidas eficaces de prevención ante la vulnerabilidad creciente en la que desarrollan sus labores”, declaró Javier Hernández Valencia, Representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La ONU-DH “insta a las autoridades federales y estatales a utilizar todos los recursos a su alcance para hacer una investigación diligente, completa e imparcial para enjuiciar y castigar a los responsables con sanciones acordes con la gravedad de sus actos, respetando en todo momento los principios del derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia y la prohibición de tortura y malos tratos, y alienta al Estado mexicano a implementar y fortalecer las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, la integridad y la libertad de expresión de los periodistas”.