Ifetel consultará costos de licitaciones para nuevas cadenas de TV

lunes, 3 de febrero de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) solicitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) su opinión sobre el monto de contraprestación que se solicitará en la licitación de frecuencias para nuevas cadenas de televisión abierta que pondrían fin al duopolio televisivo, Televisa-TV Azteca. De acuerdo con el presidente del Ifetel, Gabriel Contreras, ya se trabaja en las bases y convocatoria para la licitación de por lo menos dos nuevas cadenas de televisión abierta digital con cobertura nacional, misma que deberá estar lista a más tardar el 9 de marzo. “Vamos conforme a lo programado y solicitaremos en breve a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la opinión correspondiente”, dijo el funcionario en entrevista con Notimex. Conforme a los cambios constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, recordó, el Ifetel debe solicitar la opinión no vinculante de esa dependencia. El decreto de reforma que entró en vigor el 12 de junio de 2013, estipula que en el proceso de adjudicación de las nuevas cadenas televisivas no podrán participar los concesionarios que actualmente acumulen concesiones para prestar servicios de radiodifusión de 12 Megahertz de espectro radioeléctrico o más en cualquier zona de cobertura geográfica. De acuerdo con el programa de licitación y adjudicación de frecuencias que publicó el Ifetel el 20 de diciembre pasado en el Diario Oficial, el mercado de la televisión abierta comercial registra un “alto nivel” de concentración. Según dicho documento Grupo Televisa (GTV) y Televisión Azteca (TVA) en conjunto concentran, directa o indirectamente 95% de las concesiones, 96% de la audiencia y 99% de los ingresos por publicidad, asociados con la televisión abierta comercial. Congreso alista discusión de leyes secundarias En tanto, en las cámaras de Senadores y Diputados se discutirán en el actual periodo ordinario de sesiones las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, mismas que prevén sanciones penales a los monopolios en ese sector. En un comunicado, el Senado destacó que una de las prioridades para el actual periodo de sesiones, que comenzó el 1 de febrero, es la legislación secundaria para “garantizar la rectoría del Estado en los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, derivada de la reforma constitucional” aprobada en la materia el 30 de abril de 2013. El régimen transitorio del decreto en la materia, establece que el Congreso debe expedir un solo ordenamiento legal, mismo que regulará el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. También plantea que se realicen las adecuaciones necesarias al marco jurídico “para establecer los tipos penales especiales que castiguen severamente las prácticas monopólicas y fenómenos de concentración” y sugiere la conformación de una Comisión Federal de Competencia Económica autónoma para “prevenir, investigar y combatir” los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Uno de los principales preceptos de la reforma constitucional aprobada es que las telecomunicaciones son “servicios públicos de interés general”, por lo que obliga al Estado a garantizar que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad. Además, deberá resguardar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Asimismo, prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa –de lo que se acusó a Enrique Peña Nieto, como gobernador y aspirante a la presidencia—y dispone que se establezcan las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público. La reforma constitucional también incluye el derecho de las audiencias, el reconocimiento de los medios comunitarios e indígenas y las concesiones para uso público y social que serán sin fines de lucro.

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