MÉXICO, D.F. (apro).- En el arranque del segundo periodo ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados aprobó con 375 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones las iniciativas ciudadana y preferente. Sin discusión alguna por parte de PRI y sus aliados, PVEM y Nueva Alianza (Panal), se aprobó la iniciativa que abre la puerta a que un mexicano mayor de edad pueda presentar ante el Congreso reformas a diversas leyes. Se trata de una demanda de hace 20 años, consideró Amalia García, del PRD. “Hoy la iniciativa ciudadana se convierte en un instrumento para que, de manera directa, los ciudadanos y las ciudadanas puedan presentar sus iniciativas de ley”, dijo. Pero la perredista pidió ir más lejos como, incluso, el permitírsele al ciudadano presentar reformas constitucionales. También por el PRD habló Fernando Belaunzarán, y por el PT Lilia Aguilar Gil, quienes aclararon que ambas iniciativas no surgieron del llamado Pacto por México; provienen, más bien, de la demanda ciudadana. El diputado del PT, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, y los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo, hablaron en contra al considerar que tiene requisitos que podrían hacer imposible que la iniciativa ciudadana pueda concretarse. Huerta acusó: “Esta reforma está inscrita en las baratijas que se le entregaron a los partidos del Pacto, mismo que se sigue ocultando pero que continúa por la entrega del petróleo, del cual hicieron gala en el mes de diciembre, del cinismo con el cual traicionaron a la patria”. Mientras que Durazo dijo estar en contra porque no se plantea una solución de fondo a la participación ciudadana, o que con ella se busque modificar las relaciones entre gobierno y gobernados. Tanto la Ley de Consulta Popular, aprobada en el periodo de sesiones pasado y que hoy está en el Senado, como la de Iniciativa Ciudadana, abundó Durazo, tienen una serie de trucos y limitaciones que diluyen en la práctica la utilización de este instrumento como posibilidad de participación ciudadana. Para sustentar el dictamen habló el priista Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, secretario de la Comisión de Gobernación. Señaló que la reforma es una respuesta que abona a la transformación del sistema político y hace posible una nueva y fortalecida dinámica democrática. También dijo que de lo que se trata es de “empoderar” al ciudadano. Y enseguida detalló los requisitos para presentar la iniciativa, entre los que destaca que sea impulsada por al menos 0.13% de los integrantes de la lista nominal de electores. De acuerdo con la iniciativa, los requisitos son: Presentarse por escrito ante el presidente de la Cámara de Diputados o de Senadores; en receso, ante la Comisión Permanente. La Cámara que reciba el escrito será la de origen, salvo que el proyecto respectivo se refiera a empréstitos, contribuciones, impuestos o reclutamiento de tropas. En estos casos, la Cámara de origen será siempre la de Diputados. Durante los recesos del Congreso, la Mesa Directiva de la Permanente determinará la Cámara de origen, en caso de que la iniciativa no lo especifique. La iniciativa deberá contener los nombres completos de los ciudadanos, clave de elector y el número identificador al reverso de la credencial de elector y su firma; nombre completo y domicilio del representante para oír y recibir notificaciones. Además, toda la documentación deberá estar plenamente identificada señalando en la parte superior de cada hoja el nombre del proyecto de decreto que se propone someter a revisión. En cuanto a la iniciativa preferente, el priista dijo que se trata de las que el Ejecutivo federal presente al inicio de cada periodo ordinario de sesiones. Serían hasta dos iniciativas para este trámite o dos que estén pendientes de dictamen, sin haber sido originalmente señaladas por el propio Ejecutivo como preferentes. “Aquí es de destacarse la claridad con que el dictamen se ocupa de la reglamentación de la iniciativa preferente, pues se hacen reformas sobre las atribuciones de la Mesa Directiva, de su presidente; de la Junta de Coordinación Política y de las comisiones y órganos equivalentes en ambas Cámaras del Congreso de la Unión”, precisó. Ochoa Gallegos consideró que en la regulación de la iniciativa ciudadana y de la iniciativa preferente debe reconocerse la participación e interés de los grupos parlamentarios para cumplir con lo establecido en la Constitución, a través de las figuras que tutelan las garantías del ejercicio pleno del derecho de los ciudadanos para iniciar leyes y otorgar claridad y certezas jurídicas en su procedimiento.