MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones civiles celebraron que el Senado atendiera un punto de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el caso de la desaparición de Rosendo Radilla, que ordenaba el retiro de la reserva impuesta por México a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual obstaculizaba la investigación del fuero civil a militares involucrados en ese crimen de lesa humanidad. Si bien la resolución de los 93 legisladores ocurre más de cuatro años después de la sentencia del tribunal regional –emitida en octubre de 2009–, las ONG admitieron la relevancia de la enmienda y recordaron que hay pendientes de la sentencia que deben ser abordados cuanto antes por el Senado. En un comunicado, resaltaron que los senadores deben aprobar la reforma al fuero militar ordenado también por la CoIDH en el caso Radilla y en tres más, los de Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega y los campesinos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. También puntualizaron que las modificaciones faltantes deben tener como finalidad “excluir en definitiva la competencia de dichos órganos militares para conocer de delitos cometidos contra civiles”. La jurisdicción militar, señalaron, “continúa siendo aplicada en México para investigar violaciones a derechos humanos, a pesar de resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para restringir la jurisdicción militar”, así como de las sentencias de la CoIDH ya mencionadas. Y es que pese a la existencia de un anteproyecto de dictamen para modificar el Código de Justicia Militar, diseñado por la Comisión de Justicia del Senado, hasta ahora en la Cámara alta el documento “no ha sido discutido y aprobado por los legisladores, lo que permite que la jurisdicción militar continúe conociendo de violaciones a derechos humanos”. En cuanto a la reserva al artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, recordaron que el Estado mexicano la impuso al sostener, contra el derecho internacional, que el fuero de guerra “no constituye una jurisdicción especial para los elementos castrenses, por lo que valida la competencia de dicha jurisdicción para conocer una desaparición forzada que fuese cometido por un militar en servicio”. Las ONG agregaron que en 2009, en la sentencia por el caso Radilla, la CoIDH declaró inválida la reserva interpuesta por México, “ya que ésta, al implicar el desconocimiento del derecho de toda persona a un juez natural para la investigación y sanción del crimen de desaparición forzada, resultaba contraria al fin y espíritu del tratado”. Al eliminar el Senado la reserva, los militares involucrados en desaparición forzada de personas deben ser juzgados por instancias civiles, de ahí que las organizaciones celebraron la decisión legislativa, aunque demandan restringir aún más la jurisdicción militar. “Sin restar importancia al retiro de la reserva, las organizaciones subrayan que el Estado mexicano debe aprobar a la brevedad las reformas legislativas la Código de Justicia Militar que armonicen dicho instrumento con las obligaciones internacionales, para que ningún caso en que militares sean responsables de cometer violaciones a los derechos humanos sean investigados y juzgados por tribunales militares”, puntualizaron. Entre las organizaciones que firmaron el comunicado destacan la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) –que litigó el caso Radilla en el sistema interamericano–, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Investigación y Análisis (Fundar), y Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan.