MÉXICO, D.F. (apro).- Ante la aparición de Ilse Michel, niña que fue sustraída en 2008 del albergue Casitas del Sur, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) recordó que la Procuraduría, Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y DIF locales no han acatado a cabalidad la recomendación 04/2009 sobre la desaparición de al menos nueve menores. En tanto, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) exigió al gobierno capitalino agotar las investigaciones sobre los menores que desaparecieron de la casa de resguardo. En comunicados por separado, CDHDF y Redim retomaron el tema luego de que Ilse regresara con su familia después de seis años de ausencia, caso que evidenció la operación irregular de otros albergues relacionados con Casitas del Sur en esta capital, en Nuevo León, Hidalgo y Quintana Roo, de los que 26 niños y niñas habrían desaparecido. Luego de hacer votos por la reintegración de la menor en su entorno familiar, el ombudsman local resaltó que aún falta la localización de nueve niñas y niños sustraídos de Casitas del Sur. Pese a que las autoridades han llevado a cabo diversas acciones y han aplicado protocolos para la atención y seguimiento de las niñas y niños en situación de desamparo, abundó, “estos instrumentos todavía no han dado los resultados esperados, por lo que es necesario su evaluación y ajuste”. El organismo presidido por Perla Gómez Gallardo anunció que para evitar casos similares trabaja con la Asamblea Legislativa, organizaciones civiles e instancias del gobierno en la “construcción de un anteproyecto de Ley de Cuidados Alternativos, que busca proteger de manera integral los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes sin cuidados familiares o en riesgo de perderlos, con el fin de garantizar su derecho a la vida en familia y en comunidad, y para restituir este derecho en caso de haberlo perdido”. La Redim consideró que el caso sigue en la impunidad, pues a pesar de que en 2010 fue detenido el presidente de Casitas del Sur, Antonio Domingo Paniagua, y en 2012 se dictó auto de formal prisión contra la encargada del lugar, permanecen libres los funcionarios que entregaron a “decenas de niñas y niños a la red de trata de personas, utilizando para sus fines lugares con fachada de albergues”. Aunado a ese pendiente, para la organización resulta preocupante que instituciones de procuración e impartición de justicia continúen canalizando menores “sin que exista una verdadera valorización y determinación del interés superior del niño en cada uno de los casos, y sin que haya un claro establecimiento de la responsabilidad jurídica de las autoridades que entregan a niños y niñas sin ningún mecanismo de vigilancia o seguimiento”. Y es que hasta ahora, apuntó la ONG, “aún no se cuenta con datos oficiales respecto del número de lugares que prestan ese servicio (de albergues), ni sobre cómo lo hacen, así como la situación que guardan los derechos de cada niño y niña en los albergues”. Entre las recomendaciones incumplidas destaca la creación de la Defensoría de los Derechos de la Infancia que, a su vez, está considerada en la Ley de Derechos de las Niñas y los Niños del Distrito Federal, aprobada por la ALDF en 2010. De acuerdo con la legislación, la defensoría estaría a cargo del DIF local y para su operación se etiquetaron 119 millones de pesos, “siendo esta una instancia crucial en la defensa y garantía de los derechos de niñas y niños que son víctimas de delitos”. En cuanto al caso específico de Ilse Michel, la Redim recordó la obligación del Estado de restituir los derechos violentados, y a las autoridades responsables la de reparar el daño, dar apoyo profesional a la menor, ahora adolescente, para continuar su vida al lado de su familia.