MÉXICO, D.F. (apro).- Al inicio de su mandato al frente de Morelos, Graco Ramírez ofreció reducir la inseguridad en año y medio sin la intervención del Ejército o la Marina, como se lo pedían empresarios y partidos políticos de oposición. Hoy, a un año cinco meses de gobierno, cambió de opinión y anunció la integración de dos militares a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado. “Hemos planteado ya la urgencia de reforzar la gestión del procurador Rodrigo Dorantes y contar con elementos en cuya formación exista el pleno conocimiento del derecho, pero también los valores del honor, la lealtad, como es el caso de los nombramientos que voy a dar a conocer”, dijo Ramírez al presentar a Martín Rizo Muñoz como coordinador de la Policía Ministerial y a Sergio Bautista Sánchez en la Subprocuraduría de la Zona Metropolitana. “Se trata de abogados que tienen trayectoria profesional acreditada como ministerios públicos en el ámbito militar, tienen la formación militar porque para limpiar la casa, la lealtad y el valor son fundamentales porque vamos a limpiar la Procuraduría y vamos a llegar una nueva Fiscalía”, afirmó el mandatario morelense. Rizo Muñoz es licenciado en Derecho y mayor de justicia militar; de 2010 a 2014 fue agente del Ministerio Público militar adscrito a averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia Militar y defensor de oficio militar en la Octava Región Militar en Oaxaca, dijo el gobernador. Bautista Sánchez se desempeñaba hasta ayer como asesor jurídico adscrito a la Tercera Región Militar en Mazatlán, Sinaloa. Además fue asesor jurídico y responsable de la sección de derechos humanos y derecho internacional humanitario en la 22 Región Militar. De 2008 a 2011 trabajó en la Procuraduría General de Justicia Militar y fue agente del Ministerio Público Militar, así como coordinador de asuntos especiales. También fue agente del Ministerio Público militar. Asimismo, “fue coordinador del equipo de trabajo intersecretarial para la atención y seguimiento de los casos Rosendo Radilla, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2008, 2010 y 2011”, señaló Graco Ramírez. Ambos militares fueron designados como encargados de despacho. Además de la integración de Rizo Muñoz y Bautista Sánchez, el gobernador morelense anunció otro cambio: la reinstalación de Mayra Pozos Ayala como directora general de Prevención Social del Delito en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal. “En el caso de Mayra Pozos Ayala, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fue abogada postulante y directora general de prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Pública de octubre de 2012 a febrero de 2013”, expuso. A la fecha, se desempeñaba como subdirectora jurídica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el estado pero “le hemos pedido que se reintegre nuevamente para ser la directora general de prevención social del delito en la Secretaría de Seguridad Pública”, informó Graco Ramírez. El 1 de octubre de 2012, durante su toma de protesta, el gobernador perredista puso especial atención al tema de la seguridad y anunció que todos los días coordinaría una reunión con representantes del comandante de la 24 Zona Militar porque la “seguridad es prioridad del gobierno” y puso un plazo de 18 meses para concretar las etapas tendientes a lograr mejoras en la seguridad. Sin embargo, siempre se opuso a solicitar la intervención de la Marina o el Ejército, como se lo solicitaban empresarios y partidos de oposición. Incluso, el 5 de noviembre de 2013, cuando ya llevaba un año y un mes al frente del gobierno, se mofó de esa petición. “No me explico por qué algunos quieren todavía que venga el Ejército, la Marina. También, quizá, porque tenemos el lago de Tequesquitengo”, ironizó el mandatario perredista. Graco dijo entender la desesperación de muchos ciudadanos que quisieran que su gobierno hiciera en 18 meses en materia de seguridad lo que no hicieron otros en 18 años, pero, prometió, sin fijar un nuevo plazo, bajar el número de secuestros en la entidad. Pese a su negativa de solicitar apoyo militar para tareas d seguridad, el 3 de diciembre, el Ejército inició operativos de vigilancia en las colonias donde mayor número de delitos en Cuernavaca, capital del estado, a petición del presidente municipal Jorge Morales Barud.