MÉXICO, D.F. (apro).- Si no se corrigen las evidentes fallas en la indagatoria, el asesinato del periodista veracruzano Gregorio Jiménez de la Cruz está en riesgo de quedar en la impunidad, igual que sucedió con el homicidio de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, denunciaron integrantes de la Misión de Observación que fue creada para revisar el caso. En conferencia de prensa, periodistas y miembros de organizaciones defensoras de la libertad de expresión se quejaron ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) por las irregularidades cometidas en las investigaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJ). Luego de hacer una revisión del expediente  judicial, la periodista María Idalia Gómez, de la Sociedad Interamericana de Prensa (SPI), resaltó que la investigación del secuestro y muerte de Jiménez está sostenida por las declaraciones de los inculpados, sin que existan otros elementos probatorios  o pruebas periciales que corroboren sus dichos. De los documentos que fueron mostrados a miembros de la Misión de Observación, señaló, no se desprende cómo se llegó a los detenidos ni cómo es que se descubrió el cuerpo de la víctima, además de que no hay documentación de huellas dactilares en el lugar de los hechos y no se preservaron las pruebas, tanto así que la casa de seguridad donde fue localizado el cuerpo, en Las Choapas, no fue resguardada. Luego de recordar que tres de los presuntos asesinos denunciaron haber sido torturados para aceptar su participación en el crimen –por el que supuestamente Teresa de Jesús Hernández habría pagado 20 mil pesos–, Gómez señaló que a pesar de que las autoridades de Veracruz han pretendido desligar el caso con el ejercicio profesional de Jiménez de la Cruz, lo cierto es que aún en las declaraciones auto inculpatorias los procesados se refieren a la víctima como “el periodista” o “el fotógrafo”. Apuntó que la misma hipótesis de las autoridades, en el sentido de que el móvil del secuestro y posterior ejecución del periodista fue por una venganza personal, contiene elementos para asegurar que el fondo fue la labor periodística, ya que la versión oficial puntualiza que la mujer amenazó a Jiménez de la Cruz por una nota publicada en noviembre del año pasado. La periodista de la SIP demandó la intervención de la FEADLE en el caso, pues hasta ahora, subrayó,  “se ha lavado las manos” y ha decidido no participar, pese a que hay evidencias de que el móvil del crimen es contra la libertad de expresión, además de que estarían involucradas células de la delincuencia organizada. De acuerdo con María Idalia Gómez, hay fuertes indicios de que la PGJ pretende cerrar el caso, aun con las fallas en la indagatoria, entre ellas la ausencia de testimonios de los empleadores de Jiménez de la Cruz, es decir, los directivos de Notisur y Liberal del Sur. “El riesgo de que este caso se caiga como el de Regina (Martínez), en sentencia o en amparo, es altísimo. No digo que los acusados sean inocentes, lo que digo es que no existen todavía las pruebas suficientes para acreditar el móvil que dice la autoridad, un móvil tan burdo como el pago de 20 mil pesos por la muerte de Gregorio”, insistió. Gómez apuntó que está pendiente una reunión con funcionarios de la FEADLE para que determine si atrae el caso, del que supuestamente no tiene información básica, como los antecedentes penales de los inculpados, información que no ha sido proporcionada por la PGJE. El trabajo de investigación de la Misión de Observación incluyó un repaso del contexto de violencia e intimidación que viven los periodistas de Veracruz por parte de diversos actores (políticos, económicos y caciquiles) y del mismo crimen organizado, sin olvidar que los medios locales son sometidos a fuertes presiones para preservar la contratación de espacios publicitarios por parte del gobierno local. El reporte también contiene un análisis de las condiciones en que gran parte de los periodistas desarrollan su trabajo, como Gregorio Jiménez, quien no tenía protección laboral debido a que era free lance. “Goyo cobraba 20 pesos por nota publicada en Notisur y 50 pesos en el Liberal del Sur (…)”, comentó Emiliano Ruiz, periodista independiente que participó en la Misión de Observación. El equipo de 16 periodistas que acudieron a Coatzacoalcos y Xalapa del 15 al 17 de febrero se entrevistó con 60 personas, entre reporteros, funcionarios, familiares, dueños de medios y amigos de Jiménez de la Cruz. La Misión de Observación presentó una lista de 17 recomendaciones dirigidas a la PGJE, la FEADLE, el gobierno de Veracruz y las empresas periodísticas. Además de la SIP participaron las organizaciones Reporteros Sin Fronteras, Casa de los Derechos de los Periodistas, y Periodistas de a Pie.