MÉXICO, D.F. (apro).- A 21 días de la fecha programada para la ejecución del mexicano Ramiro Hernández Llanas, el próximo 9 de abril, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobernador de Texas, Estados Unidos, Rick Perry, suspender la pena de muerte y conmutar la sentencia por otra de prisión. En un comunicado, el organismo informó que el ombudsman, Raúl Plascencia, dijo a Perry que “para las instituciones encargadas de la protección y defensa de los derechos humanos, la vida representa el bien jurídico más valioso; fundamento de los ordenamientos constitucionales que lo reconocen y amparan como valor esencial e interés social supremo, por lo que las naciones tienen la obligación de su más absoluta protección”. La sentencia de Hernández Llanas es la próxima a cumplirse en Texas después de la ejecución de Édgar Tamayo, originario de Morelos, el pasado 22 de enero en Texas, por el homicidio de un policía de Houston en 1994. Hernández Llanas nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas en octubre de 1969. Fue acusado del homicidio de Glen Lich, un exprofesor de la Universidad de Baylor y de Winnipeg, dueño de un rancho en Kerreville, Texas, donde trabajó en 1997. La noche del 14 de octubre de ese año, el mexicano atacó a Glen con una varilla de metal hasta matarlo; luego violó a su esposa. Fue capturado al día siguiente y sentenciado a pena de muerte en febrero de 2000. Su defensa alegó que al momento de ser detenido e interrogado no fue notificado de su derecho a tener asistencia consular, según indica la Convención de Viena, firmada por México y Estados Unidos son parte. El Tribunal de Apelaciones de Texas rechazó el punto al decir que dicha Convención no constituye una base en el caso para suprimir la confesión del acusado. Los abogados también argumentaron “retraso mental” del mexicano, pero la Corte de Texas dijo que no había “suficiente evidencia” de ello. Ante este caso, la CNDH informó hoy que envió un escrito a la Junta de Indultos y Libertad Condicional del Estado de Texas para recordar que el  31 de marzo de 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que se violó en perjuicio de Ramiro Hernández Llanas, el derecho de notificación y asistencia consular que previene el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, dentro del juicio  conocido como “Caso Avena”. En la carta enviada a Rick Perry, la Comisión mencionó los diferentes instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la vida y que nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. La decisión que adopte en favor del señor Hernández Llanas, reiteró, “será reconocida por la comunidad internacional como signo inequívoco del compromiso del gobierno del estado de Texas por el respeto a la vida, a la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos”.