Crece inconformidad ante gestión de Lía Limón en Segob

jueves, 27 de marzo de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- Activistas responsabilizaron a los gobiernos estatales y de Enrique Peña Nieto de la inoperancia del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, así como del riesgo de convertir ese órgano operado por la Secretaría de Gobernación (Segob) en un “elefante blanco”. En rueda de prensa para hablar de la crisis por la que atraviesa el Mecanismo tras la renuncia del coordinador general Juan Carlos Gutiérrez y cuatro separaciones ordenadas por la subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón (Proceso 1951, actualmente en circulación), los defensores se sumaron a la protesta de los consejeros ciudadanos del órgano, expresada el lunes 24, en el sentido de suspender su participación en reuniones de la junta de gobierno en tanto no se corrijan las fallas detectadas por lo menos desde junio pasado. Horas después de que Limón García participara en audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los activistas alertaron sobre el incremento de los riesgos para quienes son parte del Mecanismo que, al 24 de febrero, sumaban 152 solicitudes de protección, de las que sólo 41 fueron atendidas y siguen pendientes 89. También alertaron sobre el peligro de que, ante la inoperancia del Mecanismo, otros defensores o periodistas en riesgo decidan no acogerse a éste a pesar de que el mismo cuenta con un fideicomiso integrado por 263.9 millones de pesos y del que no se ha ejercido un solo peso. Además, recordaron que las fallas del Mecanismo han sido planteadas por las organizaciones sociales desde junio pasado, a través de un diagnóstico elaborado y presentado en el último trimestre al secretario Miguel Ángel Osorio Chong. En esta ocasión, los representantes solicitaron un nuevo encuentro con el titular de Segob. Edgar Cortez Morales, integrante de la junta de gobierno del Mecanismo, sostuvo que ese órgano adolece de “problemas estructurales por la falta de respaldo del secretario de Gobernación y eventualmente de Enrique Peña Nieto”. Al explicar que su retiro de la junta de gobierno es un acto de protesta por las deficiencias identificadas desde junio del año pasado y discutidas con Osorio Chong en el último trimestre de 2013, Cortez informó que una de las últimas acciones llevadas a cabo por Gutiérrez Contreras antes de irse fue contratar a una empresa especializada para atender las necesidades de seguridad de los defensores y periodistas. “Pero ahora que dejó el cargo, Juan Carlos Gutiérrez también dejó abandonada la posibilidad de que se instalen los servicios de seguridad, ya que la ley dice que el coordinador ejecutivo del Mecanismo será el encargado de emitir las indicaciones a la empresa para que lleve a cabo los servicios”, apuntó. El director para México y Centroamérica de Artículo 19, Darío Ramírez –quien ha sido víctima de amenazas, así como de allanamiento de morada--, aseguró que el momento por el que atraviesa el Mecanismo es la “crisis más grave de su historia, mientras la situación de violencia en el país crece y lo que se tiene es una respuesta simulada, que se atiene a una política en materia de derechos humanos inconexa, ineficiente e inexistente”. Ramírez acusó a la falta de voluntad de los operadores políticos del presidente Peña Nieto para atender el problema, ante todo los responsables del Mecanismo: Gutiérrez Contreras, que dejó el cargo el 15 de febrero, seguido de la subsecretaria Limón García y el propio Osorio Chong, a quien hizo un llamado a “deslindar responsabilidades”. Agnieszka Raczynska, secretaria técnica de la Red de Organizaciones de Defensa de Derechos Humanos, Todos los derechos para todas y todos (Red TDT), se quejó de la falta de transparencia del Mecanismo, “a pesar de que por ley el coordinador está obligado a dar un informe anual a los miembros de la junta de gobierno. “Y año y medio después no sabemos qué pasa con el Mecanismo, y por ahí ha circulado un supuesto informe en el que se dice que las cosas están muy bien”, acusó. Raczynska destacó que después del retiro de los cuatro integrantes de la sociedad civil de las reuniones de la junta de gobierno anunciado el lunes 24, “se pierde el quórum que deben tener las resoluciones que ahí se toman, pues sólo quedaron cinco miembros de la junta, cuatro de ellos representantes del gobierno federal (Segob, Secretaría de Relaciones Exteriores, Policía Federal y Procuraduría General de la República) y uno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”. Pilar Tavira, de Propuesta Cívica, lamentó la ausencia de transparencia en el uso del fideicomiso para el Mecanismo de Protección, que ha tenido dificultados para ser operado, situación que dijo es “inadmisible” cuando el objetivo es precisamente garantizar la seguridad y la vida de activistas y periodistas en riesgo. Por culpa de funcionarios del Estado, alertó, “se corre el riesgo de que el Mecanismo se convierta en un elefante blanco, en una entelequia, mientras que la vida y la seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos se pone aún más en riesgo”. Leticia Gutiérrez, de la Misión para Migrantes y Refugiados, destacó que, mientras en la audiencia de la CIDH, Lía Limón se refirió a los supuestos avances de México en materia de derechos humanos y del Mecanismo, “la realidad es todo lo contrario”. Al hablar de “la otra cara del Mecanismo”, Gutiérrez Valderrama hizo una relatoría de las fallas en tres de los seis casos de organizaciones de defensores de migrantes que han solicitado su incorporación al órgano. Puntualizó que de los seis casos, sólo en tres se han proporcionado medidas de seguridad tras un promedio de espera de seis meses para el análisis de riesgo. Víctor Ruiz, representante de La Casa de los Periodistas, resaltó que de 2010 a la fecha su organización lleva un registro de 200 comunicadores en riesgo, y que de ellos sólo 19 han conseguido su incorporación al Mecanismo. “El proceso, tan engorroso y dilatado, ha obligado a muchos colegas a desistirse de contar con medidas de protección, por lo que los riesgos para el gremio ahora son más graves”, apuntó. Los activistas se sumaron a la exigencia de los consejeros civiles del Mecanismo para que se cubra la plaza abandonada por Gutiérrez Contreras, así como las vacantes restantes en el Mecanismo, considerando de forma prioritaria el perfil de compromiso en la defensa de derechos humanos. Además de las organizaciones ya mencionadas, firmaron la petición la Asociación Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Casa del Migrante Saltillo, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, Comunicación e Información para la Mujer, Instituto Mexicano de Defensa de Derechos Humanos y Democracia, entre otras.