MÉXICO, D.F., (apro).- En la campaña permanente contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón Hinojosa, y continuada por el gobierno de Enrique Peña Nieto han perdido la vida un total de 410 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Así lo dio a conocer la dependencia en respuesta a la solicitud de información de un particular, que presentó un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai) porque solicitó la estadística general de militares fallecidos por cualquier causa de septiembre de 2012 al 6 de enero de 2014, desglosada por fecha, entidad federativa dónde ocurrió el deceso, así como el sexo del fallecido. En la respuesta a la petición del particular, la Sedena le informó que sólo contaba con la “Relación de personal fallecido en la aplicación de la campaña permanente contra el narcotráfico”. Según esa relación, 410 soldados han fallecido, del periodo del 12 de diciembre de 2006 al 31 de marzo de 2014 y las causas de fallecimientos fueron como sigue: Accidentes automovilísticos (170), agresiones con arma de fuego (90), ejecutados (73), accidentes aéreos (50), atropellados (10), ahogados (7), deshidratados (4), caídas (3), golpes de calor (2), y descargas eléctricas (1). También se señala la entidad federativa donde ocurrieron los decesos: Nuevo León (48), Michoacán (40), Sinaloa (40), Tamaulipas (35), Coahuila (35), Veracruz (33), Guerrero (29), Chihuahua (27), Sonora (25), Jalisco (25), San Luis Potosí (25), Durango (20), Oaxaca (8), Nayarit (5), Baja California (4), Aguascalientes (3), Baja California Sur (2), Zacatecas (2), Chiapas (2) y Campeche (2). Y finalmente, se indica el grado que tenía el personal militar que murió: Soldados (181), Cabos (80), Subtenientes (68), Tenientes (55), Sargentos (20), Capitanes (4) y Mayores (2). La Sedena entregó al particular el vínculo electrónico para acceder a la relación y le solicitó que en caso de que se utilizara la información remitida, debía citar la fuente original. Inconforme porque la información no estaba actualizada y estaba incompleta, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el Ifai, misma fue turnada a la comisionada María Elena Pérez-Jaén. La Sedena reiteró su respuesta inicial y volvió a enviar al particular la misma información pero ahora en formato PDF. Además, le informó que la estadística proporcionada era la única con la que contaba, y puntualizó que todos los fallecidos eran del sexo masculino. Tras analizar el caso, Pérez-Jaén, concluyó que la Sedena no interpretó adecuadamente la solicitud porque solo se refirió a los decesos relacionados con la estrategia de combate al narcotráfico, y omitió el resto. Además la comisionada localizó la “Auditoría de Desempeño tipo GB-111”, expedida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en donde se encontraron diversas estadísticas sobre los decesos de militares por diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, del hígado y diferentes tipos de cáncer. Por ello advirtió que la dependencia ya había entregado información relacionada con la petición del particular. También encontró el “Instructivo para la aplicación del catálogo de vigencia de documentos que integran un expediente”, expedido por la propia Sedena, del que se desprende que en los expedientes del personal militar, debe integrarse toda su información, incluyendo actas de defunción, gastos funerarios, así como órdenes de baja. La comisionada concluyó entonces que el área encargada de resguardar los expedientes militares, y por tanto, competente para conocer la información solicitada, es la Dirección General de Personal, a la que no fue turnada la petición del particular. Por ello propuso al pleno del Ifai modificar la respuesta de la Sedena e instruirle una nueva búsqueda en todas las unidades administrativas competentes, entre ellas al Estado Mayor de la Defensa Nacional y a la Dirección General de Personal. Además propuso exhortar a la Sedena a que, en lo sucesivo, omita condicionar a los particulares a citar la fuente original de la información entregada, ya que dicha disposición “deviene inoperante y contradictoria con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, ya que la dependencia no tiene porqué intervenir en el uso que los ciudadanos le den a la información entregada en respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública gubernamental”. La propuesta fue aprobada por unanimidad del Pleno del IFAI.