Denuncian "ola de agresiones" contra comunicadoras y activistas

lunes, 21 de abril de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- En lo que va del año al menos 25 activistas y comunicadoras han sido víctimas de 41 agresiones directas, reportó la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM). La organización manifestó en un comunicado su preocupación “por el incremento y carácter sistemático de las agresiones, actos de hostigamientos, detenciones arbitrarias y emisión de órdenes de aprehensión” contra periodistas y defensoras. Según un recuento de la agrupación, además de las agresiones directas, sedes de organizaciones civiles han sido blanco de ataques en seis ocasiones en los primeros cuatro meses de año. La estadística de la ONG clasifica las agresiones sufridas en 10 actos de intimidación, así como 10 amenazas, de las que en ocho casos se trató de advertencias de muerte. También documentó seis ataques al patrimonio personal; cuatro actos de uso excesivo de la fuerza; tres actos de criminalización y judicialización; tres campañas de difamación y desprestigio; dos casos de detenciones arbitrarias; dos agresiones físicas y verbales, y un ataque al patrimonio de la organización. “La ola de agresiones contra defensoras y mujeres periodistas resulta ser consecuencia de la respuesta que las autoridades están dando a la protesta social, a las denuncias de corrupción, a la documentación y a la denuncia de violaciones a los derechos humanos, así como a la inconformidad que prevalece en diversos sectores de la sociedad”, alertó la red. El origen de las inconformidades, asienta la agrupación, son “las reformas constitucionales realizadas en este último año, y cuyos impactos afectan principalmente a quienes se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad”. Con alarma, la Red Nacional de Defensoras ubicó al Distrito Federal en el tercer lugar de agresiones contra activistas y reporteras. “La mayoría de las agresiones fueron perpetradas en el marco de movilizaciones y manifestaciones públicas”, lo que advierte “un panorama crítico que podría agudizarse si tomamos en cuenta la posible aprobación de una ley que regule las manifestaciones públicas en la Ciudad de México”. Entre los casos de criminalización y judicialización documentados por la RNDDHM destacan el de la activista Gabriela Hernández o Luna Flores, quien el martes 1 “fue sentenciada a un año y tres meses de prisión luego de que fuera detenida arbitrariamente el 29 de octubre, acusada del delito de ultrajes a la autoridad”, señalamiento fundado sólo en dichos de policías capitalinos que detuvieron a jóvenes el 2 de octubre del año pasado. Otro caso es el de Enedina Rosas Vélez, de más de 60 años, comisaria de la comunidad poblana de San Felipe Xonacoyucan, Atlixco, “quien junto con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua Puebla, Tlaxcala y Morelos (FPDTAPTM) lucha a favor de un medio ambiente sano y del derecho a la consulta, los cuales se han visto vulnerados frente al Proyecto Integral Morelos (PIM), megaproyecto energético que propone instalar un gasoducto en la zona de alto riesgo del volcán Popocatépetl, con el fin de abastecer dos termoeléctricas que se construyen en Huexca, municipio de Yecapixtla, Morelos”. Enedina Rosas fue arrestada el domingo 6  bajo cargos de robo agravado y oposición a que se ejecute una obra pública, en tanto que un día después fue detenido Juan Carlos Flores Solís, uno de los líderes del FPDTAPTM, luego de acudir a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla para denunciar la detención arbitraria de Rosas Vélez. Uno más es el caso de Rosina González, activista de Greenpeace, acusada de daños y allanamiento de morada por Pemex después de escalar en Veracruz un edificio de la paraestatal para colgar una manta y, de ese modo, expresar su inconformidad con la reforma energética. “Rosina es acusada por Pemex de haber roto una lámpara de más de 78 mil pesos, por lo que podría recibir de 4 a 10 años de prisión y una multa de 180 y hasta 500 veces el salario mínimo”, resaltó la RNDDHM en su reporte. La red también recordó que este día la comandante de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, cumple ocho meses en una prisión de máxima seguridad, luego de ser detenida arbitrariamente el pasado 21 de agosto, a pesar de que recientemente se le dictó libertad por el cargo de delincuencia organizada aunque se dejaron subsistentes otros cargos. Entre los casos de amenazas y agresiones, el colectivo enlista los de las defensoras María del Carmen Ruiz y Sara Bartolo López, de la Asamblea Popular de Pueblo Juchiteco (APPJ), así como el de la estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo e integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Rosa Hernández. Asimismo, el de la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras (RSF) Balbina Flores, y finamente los actos de intimidación contra la politóloga y columnista Denise Dresser. Después de recordar que en el informe “Violencia contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica”, realizado por el Diagnóstico Mesoamericano 2012, se advierte que quedan en la impunidad 90% de los casos de agresiones contra defensoras y periodistas, la red exigió garantías de seguridad para ambos sectores. La coalición, integrada por 135 defensoras y mujeres periodistas de 83 organizaciones no gubernamentales de 19 entidades del país, exigió “a las autoridades federales y estatales el cese de todas las formas de agresión hacia quienes defendemos los derechos humanos y el cese a la criminalización de activistas, defensoras y periodistas”. También instó a las autoridades a “encontrar canales de diálogo que les permitan conocer las demandas de la sociedad civil, pues finalmente las inconformidades y manifestaciones son el reflejo del desconcierto e incompatibilidad entre el ejercicio del poder y las verdaderas necesidades de las ciudadanas y ciudadanos de México”.

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