MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El proyecto de dictamen alterno en materia de ley de telecomunicaciones y radiodifusión elaborado por la bancada del PRD en el Senado propone restablecerle las facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para vigilar y supervisar contenidos, publicidad, derechos de los usuarios, de los suscriptores y de las audiencias, así como determinar -sin depender de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni de la Secretaría de Gobernación- el monto de contraprestaciones y la relación con los concesionarios. Una copia del borrador de este proyecto alterno, que será presentado este martes, también incluye que el agente económico preponderante debe determinarse por “mercados y segmentos”, ya no sólo por “sectores”, con lo cual se incluirían mercados como televisión de paga o internet que no se incluyen en los criterios de la iniciativa del Ejecutivo federal enviada el 24 de marzo. El proyecto alterno también elimina todos los artículos que pretenden la censura en internet y ordenan el bloqueo de señales, contenida en el capítulo de “Colaboración con la Justicia”, dentro de la iniciativa del Ejecutivo federal. El proyecto encargado a especialistas también redefine las concesiones de uso público, de uso social y de uso comercial que constituye uno de los ejes torales de la ley secundaria. En los artículos 78 se le agrega a los concesionarios de telecomunicaciones el compromiso de presentar no sólo una propuesta económica sino también un “compromiso de inversión”. También se compromete a los concesionarios comerciales “la contribución al ejercicio de los derechos humanos, de libertad de expresión, libre información y libre acceso a las tecnologías”, así como el respeto explícito a la “neutralidad de internet”, con lo cual se pretende frenar la censura previa o el bloqueo de señales sin orden judicial. Se aumentan de 15 a 20 años el periodo de la concesión para el uso del espectro de radiodifusión pública o social. A las concesiones de uso público se les agrega una larga definición para darle consistencia y solidez jurídica y para que no dependan de la Secretaría de Gobernación, tal como contempla la iniciativa original del Ejecutivo federal. Uno de los cambios más importantes de la propuesta del PRD es la eliminación de la Secretaría de Gobernación, en el artículo 218, como uno de los responsables de “vigilar y supervisar” los contenidos, la publicidad, los derechos de los usuarios, de los suscriptores y de las audiencias, así como reservas a canales de televisión y audio. En materia de derechos de las audiencias, la propuesta recupera textual el articulado de la iniciativa de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) que especifica y clasifica los derechos de las audiencias y le da mayor peso y funciones a los ombudsman o defensores.