Envía Peña al Congreso propuesta de legislación en materia energética

miércoles, 30 de abril de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno federal dio hoy un paso más en su afán de liberalizar totalmente el sector energético del país. Esta mañana el Ejecutivo envió al Congreso su propuesta de legislación secundaria en materia energética, cuya reforma constitucional se consumó a fines del año pasado. A través de ocho nuevas leyes y 13 existentes que serán modificadas, se abre el paso –histórico– a las empresas privadas, nacionales y extranjeras para que participen en todas las actividades del sector energético: exploración, producción, transformación, logística y electricidad. De momento queda excluida la venta al público de gasolinas, “cuya apertura se hará gradualmente, conforme se vaya construyendo la infraestructura que se requiere y se vayan dando las condiciones efectivas de competencia”, explicó Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, quien junto con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, fueron los encargados de anunciar esta mañana, en Palacio Nacional, el envío de la legislación a la Cámara de Senadores. Al mediodía este órgano legislativo envió a la Cámara de Diputados la parte correspondiente a la materia fiscal, toda vez que, por ley, es la Cámara baja la que tiene las facultades para atender todo lo conducente a la hacienda pública nacional, en materia de ingresos y gastos. Un punto en el que el secretario de Energía puso énfasis fue en el de la transparencia y la rendición de cuentas. No habrá un solo contrato, lo mismo con empresas públicas que con privadas, que no pase por el escrutinio público, dijo. Joaquín Coldwell explicó las cinco reglas de transparencia que se aplicarán en materia de contratos: 1) Todas las rondas licitatorias de los contratos serán públicas y transmitidas en tiempo real a través de internet. 2) Los contratos contendrán cláusulas de transparencia para que puedan ser consultados por cualquier interesado. 3) Las empresas deberán hacer públicos los costos incurridos y los pagos que reciban del Estado. 4) Serán públicos también los recursos que reciba el Estado por los hidrocarburos que se extraigan, así como el uso y destino que se les dé. 5) Habrá pesos y contrapesos entre cuatro instancias del Estado para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas, evitando que decisiones discrecionales se concentren en una sola autoridad. Las instituciones que propone el Ejecutivo para participar en los procesos de licitación, y así evitar la discrecionalidad, son: La Secretaría de Energía, que definirá los lineamientos técnicos de los contratos; la Secretaría de Hacienda, que fijará el régimen económico y fiscal; la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que realizará las licitaciones, asignará los contratos y los administrará, y el Fondo Mexicano del Petróleo –fideicomiso que se instituirá en el Banco de México–, que hará los pagos correspondientes a los contratos y el manejo y administración de los ingresos petroleros, con excepción de los impuestos, que corresponden a Hacienda. También con el ánimo de transparencia y rendición de cuentas, los órganos reguladores –la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, que tendrán autonomía técnica y de gestión y autosuficiencia presupuestal– deberán contar con un código de ética. Además, los comisionados estarán impedidos para conocer asuntos en los que tengan conflictos de interés e inclusive podrán ser removidos por esa causa. Más aún, las sesiones, acuerdos y sus resoluciones serán públicas. Un cambio radical, ya perfilado en la reforma constitucional, es que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejarán de ser organismos públicos descentralizados y se convierten en “empresas productivas”, ciento por ciento propiedad del Estado. En función de ello, tendrán autonomía  presupuestal y de gestión, lo que implica que tendrán un régimen especial en su presupuesto, deuda, contrataciones, bienes y remuneraciones. Ambas contarán con un nuevo régimen fiscal acorde con estándares internacionales. En ese mismo orden de ideas, Luis Videgaray advirtió que “ha llegado la hora de que la Secretaría de Hacienda saque las manos de la administración de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad”. Explicó: “No se necesitará ni en Pemex ni en la Comisión Federal de Electricidad la aprobación de la Secretaría de Hacienda para conformar su presupuesto ni cuando quieran realizar cambios al mismo, siempre y cuando se cumplan dos requisitos mínimos que fijará no la Secretaría de Hacienda, sino el Congreso de la Unión: un límite global de endeudamiento y un límite global al gasto en el Capítulo de Servicios Personales”. Ya con plena autonomía, agregó, esas dos empresas públicas del Estado podrán, en materia de remuneraciones al personal, “definirlas libremente, sin estar sujetas al tabulador burocrático”. Insistió, como Coldwell, en materia de transparencia y rendición de cuentas: “La mayor autonomía de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad debe venir acompañada de mayor transparencia y rendición de cuentas. Seguirán teniendo que reportar sus ingresos y sus costos al Congreso y al pueblo de México, además de que se establecerán mecanismos de auditorías con los más altos estándares de calidad y mejores prácticas a nivel internacional”. Antes de explicar el nuevo régimen fiscal de Pemex, el secretario revisó los problemas del actual régimen. Es, dijo, “un régimen fundamentalmente rígido, prácticamente mecánico, que extrae una gran cantidad de recursos de Pemex, sin reflexionar cuál es el mejor uso social de las utilidades. “Y en segundo lugar, es un régimen francamente anticuado, con excesivas restricciones en cuanto a lo que se reconoce a Pemex como gastos para el efecto del pago de sus impuestos; quizá más importante, estas decisiones distorsionan las decisiones de inversión que realiza Petróleos Mexicanos. “El régimen fiscal actual inhibe que Pemex tome decisiones de inversión que hacen sentido para la nación y que no las toma porque los incentivos que para la empresa genera el actual régimen fiscal, la orientan a tomar solamente aquellos proyectos de muy alta rentabilidad o que generan en el muy corto plazo utilidades, posponiendo o cancelando proyectos de un alto impacto social en el mediano y largo plazo. Esto tiene que cambiar y tiene que cambiar de manera radical”. Ante ello, añadió el secretario, el nuevo régimen que se está proponiendo para Pemex apunta a reducir la carga fiscal de la paraestatal, permitiéndole una mayor rentabilidad que pueda ser reinvertida en la empresa. También, que “al reconocer sus verdaderos costos de producción, se incentivará una correcta toma de decisiones respecto a los proyectos en los que invierte Pemex, con una visión de mediano y largo plazo. Entre los beneficios previsibles, apuntó, “se le reconocerán a Petróleos Mexicanos todos sus gastos para explorar y extraer los hidrocarburos para quienes están familiarizados con el régimen fiscal actual de Pemex. Esto implica eliminar el llamado ‘tope de costos’ o ‘cost cap’. “Se reducirá la carga impositiva total, que disminuirá del 79% actual a un valor menor al 65% en promedio. Y tercero, al reconocer todos los costos de Pemex y reducir la carga tributaria, la paraestatal podrá tener utilidades que sean tres o cuatro veces superiores a las que tiene en la actualidad”. En relación a lo que se espera que haga Pemex con las utilidades que tendrá a partir de la reforma, Videgaray dijo que deberá hacer lo que hace cualquier empresa que genera utilidades: reinvertirlas “o entregarlas por la vía de un dividendo al dueño de la empresa, que en este caso el único dueño de la empresa es el Estado Mexicano”. Finalmente, y como respuestas a preguntas que hizo públicamente el cineasta mexicano Alfonso Cuarón al presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Energía expresó que los precios del gas, las gasolinas, el combustóleo y la electricidad bajarán en el mediano plazo, una vez que los particulares participen decididamente en una mayor producción de petróleo, gas y electricidad. En particular, subrayó que las facturas de luz se reducirán a más tardar dos años después de la entrada en vigor de las leyes secundarias.

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