MÉXICO, D.F. (apro).- En vísperas de la visita del mandatario francés François Hollande a México, organizaciones civiles internacionales exigieron incluir en la agenda de conversaciones con el presidente Enrique Peña Nieto temas como la violencia contra comunicadores, así como la impunidad que la envuelve y la inoperancia del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob). En una carta dirigida a Hollande, directivos de Reporteros sin Fronteras (RSF) y de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) alertaron sobre “la preocupante situación de la libertad de información” en México, donde han sido asesinados 80 comunicadores y 17 se encuentran desaparecidos. Luego de apelar al papel que juega Francia en el plano internacional, sobre todo por su liderazgo en las Naciones Unidas (ONU), los defensores piden al presidente francés abordar con Peña Nieto “el tema crucial del alarmante grado de impunidad en que permanecen los crímenes cometidos contra los actores de la información”. En la misiva detallan que la impunidad es producto de la colusión entre “el crimen organizado y ciertas autoridades políticas y administrativas, con frecuencia corruptas”, además de que las investigaciones de crímenes contra periodistas “a menudo se cierran apresuradamente o se ven frenados por la lentitud burocrática”. La situación se agrava, abundaron, debido a que “las autoridades tienden lamentablemente a descartar de entrada que el móvil del crimen estuviera relacionado con la actividad profesional de la víctima, acusando a los mismos periodistas de tener nexos con el crimen organizado”. Entre los casos emblemáticos de la impunidad los directivos de RSF y WAN-IFRA destacan los homicidios de la corresponsal de Proceso Regina Martínez (Xalapa, Veracruz, 28 de abril de 2012); de Andrés López Bello (Oaxaca, 17 de julio de 2013), y de Gregorio Jiménez (Coatzacoalcos, Veracruz, 5 de febrero pasado). Ante la violencia, alertaron, “numerosos medios de comunicación han renunciado oficialmente a tratar el tema del narcotráfico por temor a represalias violentas; de allí un clima de autocensura, perjudicial para la libertad de prensa”. También resaltaron que además de los asuntos graves hay un clima contrario a la prensa, pues “los periodistas constantemente son víctimas de intimidaciones y agresiones, en ocasiones por las mismas fuerzas del orden”, y prueba de ello es que entre septiembre y octubre pasados RSF registró 65 agresiones contra comunicadores en cobertura de manifestaciones, siendo uno de estos casos el de Melina Zurita, corresponsal de la Agence France-Press (AFP). Asimismo recordaron la reciente agresión hacia el director del diario Noroeste, Adrián López Ortiz, atacado por hombres armados quienes lo despojaron de su vehículo y pertenencias el 2 de abril; las amenazas de muerte contra la corresponsal de RSF Balbina Flores Martínez, el 12 de marzo, y el allanamiento y robo de la casa del director de Artículo 19 para México y Centroamérica, Darío Ramírez, el 16 de marzo anterior. Frente a este panorama, los defensores de la libertad de expresión lamentaron que hasta ahora el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas “no ha alcanzado sus metas, debido a la pesada burocracia y a que actualmente atraviesa una crisis administrativa”. Después de recordar que el Mecanismo fue creado en octubre de 2012, los representantes de RSF y WAN-IFRA señalaron a Hollande que, a principios de este mes, el secretario general de RSF, Christophe Deloire, se entrevistó con el titular de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, y la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Lía Limón García, a quienes expresó “la necesidad de reforzar este mecanismo”. Los defensores pidieron al mandatario francés transmitir a Peña Nieto algunas recomendaciones para combatir la impunidad por crímenes cometidos contra comunicadores y activistas. Así, consideraron necesario “reformar a profundidad el sistema judicial, con el fin de luchar contra la impunidad y garantizar una protección real de los periodistas”, y con ello llevar a cabo “investigaciones a fondo sobre los asesinatos, las amenazas y los ataques a los actores de la información”. Además, recomendaron reforzar los medios con que cuenta la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), así como los del Mecanismo, “con el fin de establecer medidas de protección eficaces cuya aplicación sea obligatoria para todas las autoridades, tanto locales como federales”, a fin de que el Mecanismo sea “capaz de actuar de manera preventiva e intervenir desde que la víctima recibe amenazas”. La petición a François Hollande fue suscrita por el presidente y el secretario general de RSF, Alain Le Gouguec y Christophe Deloire, respectivamente; el presidente y el director ejecutivo de WAN-IFRA, Tomas Brunegard y Vincent Peyrègne, así como por el presidente de World Editors Forum, Erik Bjerager. También se sumaron a la demanda de intermediación con Peña Nieto el integrante del consejo de administración de RSF y de WAN-IFRA, Philippe Massonnet, así como el presidente del Comité Latinoamericano de WAN-IFRA y uno de los consejeros, Marcelo Rech y François Dufour, respectivamente.