MÉXICO, D.F., (apro).- Indígenas de la tribu Cucapá, que habitan en el Golfo de California, acusaron al gobierno de Enrique Peña Nieto de condenarlos a la miseria y de no respetar sus usos y costumbres. Hila Hurtado, coordinadora de la Sociedad Cooperativa del Pueblo Indígena Cucapá, denunció que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) emitió un decreto por medio del cual se prohíbe a dicha comunidad indígena que viven a los márgenes del Delta del Río Colorado a pescar, pese a que se trata de una actividad histórica que ha dado identidad a este pueblo originario de menos de 500 habitantes. Según el decreto de Cuota de Captura emitido por la Sagarpa, cada embarcación de las zonas pesqueras de Sonora y Baja California sólo únicamente podrán capturar 5.7 toneladas de curvina golfina. La venta de ese producto es insuficiente para sobrevivir todo el año, dice en entrevista telefónica Hurtado, quien asegura que para obtener ese tonelaje se requiere una inversión de unos 30 mil pesos, para obtener una ganancia de 27 mil, fondos con los que tendría que sobrevivir una familia el resto del año. Y es que desde que en 1993 se declaró Reserva de la Biósfera al Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, los cucapás que viven en el municipio de Mexicali, Baja California, se consideran en peligro de extinción al verse afectada su principal fuente de trabajo. “De nuestros antepasados aprendimos a sobrevivir de la pesca, es nuestra tradición ancestral, a nosotros no se nos consultó como pueblos originarios que el Delta del Río Colorado y el Golfo de California se convertiría en Reserva de la Biósfera, y con ello ya no tenemos de qué vivir”, apunta Hilda Hurtado. Hurtado es líder de una de las tres cooperativas pesqueras indígenas de esta región de Baja California, en la que hay registradas ciento once embarcaciones del pueblo cucapá. En la Sociedad Cooperativa del Pueblo Indígena Cucapá hay 61 embarcaciones inscritas. “Le hemos pedido al señor Enrique Martínez y Martínez que mínimo nos incremente a 700 kilos de curvina golfina por embarcación la cuota de pesca, no nos vamos a hacer ricos, es una actividad de sobrevivencia”, insiste Hurtado. La dirigente indígena recuerda a las autoridades federales que pese a ser un pueblo que vive en la pobreza, “ninguna instancia nos ha ayudado, a pesar de que tienen un programa de Cruzada contra el Hambre, para nosotros sólo es hambre porque con el decreto a eso nos condena el gobierno federal”. Asesorados por la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) los cucapás interpusieron un recurso de amparo y una queja contra el decreto de la Sagarpa fechado el 24 de febrero, pero una juez de primera instancia y un tribunal colegiado les negaron el derecho a los indígenas “al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugres que habitan y ocupan las comunidades”, como lo establece el artículo segundo constitucional. Raúl Ramírez Baena, director ejecutivo de la CCDH apunta en entrevista telefónica que los jueces federales “hicieron a un lado su obligación de poner por encima los derechos humanos de los pueblos indígenas y los tratados internacionales, antes que el decreto de la Sagarpa, ejercer el control de convencionalidad como ya lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”. Ramírez Baena recuerda que en septiembre de 1990 México ratificó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce entre otras cosas, “el derecho a la consulta previa, libre e informada en toda política pública que les afecte, situación que no ocurrió con la determinación de nombrar Reserva de la Biósfera al Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, donde existen vestigios precolombinos de que los cucapás era un pueblo de pescadores”. El representante de la CCDH agrega que las resoluciones judiciales desconocieron además los artículos uno y dos de la Constitución, y la jurisprudencia de la SCJN sobre el control de constitucionalidad, del 29 de noviembre de 2011, por el que los jueces están obligados a “preferir los derechos humanos en la Constitución y en los tratados internacionales a pesar de las disposiciones contrarias que se encuentren en cualquier normativa inferior”. Para el defensor, al no desechar el decreto de la Sagarpa, “el Poder Judicial Federal perdió la oportunidad histórica de hacer valer el Estado Social y Democrático de Derecho, dando una lección de justicia a las autoridades, en este caso a la Sagarpa, de respetar el derecho al debido proceso en sus resoluciones”. Al no verse favorecidos por los instrumentos legales, Hilda Hurtado dice que los miembros de su cooperativa no van a detenerse. Van a seguir pescando como lo han hecho toda la vida los cucapás. “Sabemos que nos estamos arriesgando a que una vez más nos quiten el pescado, los vehículos, las embarcaciones y hasta que nos metan a la cárcel, pero pescar es nuestra forma de sobrevivir y no nos queda otra más que seguir haciéndolo”, sostuvo Hurtado.