TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Los gobiernos federal y estatal, advirtieron hoy que no permitirán un asentamiento irregular más o invasión en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, por lo que rechazaron el acuerdo entre la comunidad lacandona y los habitantes de tres poblados, para permitir quedarse en ese macizo forestal. El pasado 2 de mayo, miembros de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC), Unión de Uniones Independiente y Democrática, que representa a los habitantes de San Gregorio, Ranchería Corozal y Salvador Allende, habitado por indígenas tzotziles y tzeltales, informaron que el 23 de abril suscribieron un convenio con la comunidad lacandona, para “demandar su regularización ante las instancias correspondientes”. Sin embargo este martes, 11 días después de aquel anuncio, el secretario de Gobierno de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, así como los delegados federales de la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), rechazaron ese acuerdo entre las comunidades indígenas de los lacandones y los tzeltales. En conferencia de prensa, Ramírez Aguilar leyó un comunicado conjunto en el que se afirma que la Lacandona se ve “amenazada” por presiones socioeconómicas que han implicado “un proceso acelerado de deforestación y degradación del suelo”, asociado al avance de la frontera agrícola y pecuaria. “El Gobierno de la República y del estado de Chiapas expresan su convencimiento de que es prioritario el ordenamiento territorial para otorgar las condiciones necesarias para el desarrollo pleno de la comunidad lacandona y los ejidos adyacentes para mejorar la calidad de vida de sus habitantes con apego al marco jurídico, privilegiando la consolidación de las áreas naturales protegidas y el desarrollo sustentable de estas zonas”, leyó Ramírez Aguilar. El rechazo, explicó, se basa en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que en su artículo 46 establece: “En las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población”. Por ello, dijo, “no podrán regularizarse los asentamientos irregulares existentes dentro de Ia Reserva de la Biosfera Montes Azules, ni los que en un futuro puedan asentarse en ésta, así como en ninguna otra área natural protegida. “Por lo tanto no podrá llevarse a cabo ningún tipo de proceso de indemnización, pues no hay, ni habrá, ningún programa ni recursos destinados a este fin”, advirtió el funcionario estatal. Recordó que los gobiernos federal y estatal, determinaron Ia instauración de siete áreas naturales protegidas en la Selva Lacandona, donde una porción importante de estas selvas se localiza dentro de la superficie de los Bienes Comunales Zona Lacandona. Dicha superficie, las tres subcomunidades que la integran conformada por lacandones, choles y tzeltales, así como los ejidos adyacentes, juegan “un papel fundamental” en la estrategia para conservar los ecosistemas de la Selva Lacandona. La Selva Lacandona es una de las regiones más importantes de México, es el remanente más extenso de selva tropical húmeda del país, y es la de mayor extensión de este tipo en Centroamérica. También es una de las regiones más valiosas por su biodiversidad, sus áreas conservadas y de gran riqueza en flora y fauna. En la comunidad de San Gregorio viven 100 familias tzeltales, en 860 hectáreas; en Ranchería Corozal, 60, que ocupan 260 hectáreas; y en Salvador Allende, 40 familias, en 377 hectáreas. Los Bienes Comunales Zona Lacandona, están compuestos por 66 familias de indígenas lacandones, que viven en Nahá; y tzeltales de Frontera Corozal y Nueva Palestina. Durante los últimos años, funcionarios del gobierno federal pidieron a los habitantes de San Gregorio, Ranchería Corozal y Salvador, dejar sus tierras, para reubicarlos, pero han dicho que no lo harán.