MÉXICO, D.F. (apro).- Amnistía Internacional (AI) emplazó al presidente Enrique Peña Nieto a atender nueve recomendaciones para solventar la crisis de derechos humanos que enfrenta México, uno de los cinco países considerado “de mayor preocupación” para esa organización, debido al alarmante incremento de la tortura. En conferencia de prensa, el director ejecutivo de AI en México, Perseo Quiroz, destacó que a tres meses de la reunión entre el Ejecutivo y el secretario general de Amnistía, Salil Shetty, no se han visto “ni avances ni compromisos claros de Peña Nieto para mejorar la situación de derechos humanos en el país”. Luego de recordar que durante dicho encuentro el mandatario mexicano pidió a Shetty una relación de acciones específicas para darles cauce, advirtió que de no dar respuesta a las recomendaciones señaladas “habremos de preguntarnos si es falta de voluntad política para mejorar las situación de derechos humanos en el país o es incapacidad de este gobierno”. Las recomendaciones detalladas por Shetty en una carta, dijo, fueron entregadas a Peña Nieto el pasado lunes 12, con 170 mil firmas de ciudadanos que las respaldan. Para AI es fundamental que el mexiquense lance una advertencia a funcionarios públicos omisos para que investiguen o reporten violaciones a derechos humanos o, de lo contrario, sean sometidos a juicios “con arreglo a las normas internacionales”. Asimismo, que se elimine la figura del arraigo y que los miembros de fuerzas armadas que hayan cometido abusos –en el pasado y en años recientes– sean enjuiciados conforme a las recientes reformas del Código de Justicia Militar. La organización sugiere que en las denuncias por tortura, médicos independientes apliquen el Protocolo de Estambul a las víctimas para determinar los daños físicos y psicológicos causados, así como “adquirir un compromiso político y económico claro con la implementación de recomendaciones preliminares del relator especial de Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura”. En el documento entregado a Peña Nieto, Salil Shetty demandó una depuración de la lista de los 26 mil desaparecidos heredados de la administración de Felipe Calderón, además del establecimiento de “protocolos para la exhumación de presuntos restos humanos y una base de datos nacional creíble de personas en paradero desconocido, y garantizar una investigación exhaustiva y proactiva de todas las personas cuya desaparición se haya denunciado”. De igual manera, Amnistía Internacional exigió “avances sustanciales en la prevención y castigo de todos los abusos cometidos contra migrantes en situación irregular”, y pidió atender las observaciones de representantes de la sociedad civil en la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, entre ellas “garantizar que este organismo cuente con suficiente personal adiestrado” y que los gobiernos estatales y municipales atiendan las medidas de protección. El director ejecutivo de AI en México consideró que mientras el presidente Enrique Peña Nieto mantenga la actual política de seguridad –que se sostiene en la intervención de fuerzas armadas federales– sin que se exija el rendimiento de cuentas, la situación de gravedad de los derechos humanos va a continuar, sobre todo en temas como el de la tortura, considerado por el relator la ONU, Juan Méndez, como un asunto “generalizado”. “Hasta que no haya investigaciones adecuadas sobre funcionarios, o policías, o cualquier agente encargado de hacer cumplir la ley, que haya sido denunciado por tortura, (mientras no haya) una investigación imparcial, creíble, que derive en sanciones y reparaciones para las víctimas, estas estrategias no van a funcionar”, subrayó Quiroz. De no incorporar la rendición de cuentas como parte de las políticas de seguridad, insistió, “podemos tener todas las estrategias de seguridad, pero no vamos a tener un cambio sustancial en este país (…). No hay seguridad sin derechos humanos, no hay desarrollo sin derechos humanos”. En la conferencia también participó el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), José Rosario Marroquín, quien destacó que en el tema de la tortura hay un patrón que siguen corporaciones policiacas y castrenses que permiten señalar “no sólo que es una práctica generalizada, sino sistemática, y es permitida y no sancionada hasta la fecha”, además de que es utilizada para obtener confesiones que se convierten en la única prueba en contra de la víctima. Sobre el caso de Claudia Medina, quien fue víctima de tortura sexual después de haber sido detenida por elementos de la Secretaría de Marina, en agosto de 2012, Marroquín exigió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que emita la recomendación respectiva, toda vez que el Protocolo de Estambul demostró los abusos en su contra. Medina forma parte de la campaña Rompiendo el Silencio, en la que participan otras mujeres que, como ella, decidieron hacer públicos sus casos tras haber sido violentadas sexualmente por elementos policiacos o militares. “Al principio tenía mucho miedo de hablar, porque quienes me torturaron me advirtieron que si hablaba de lo que me había ocurrido, iban a irse contra mi familia. Yo quiero mucho a mi familia, es lo más importante para mí, pero estoy convencida que no puedo quedarme callada”, señaló Claudia, acusada de múltiples delitos, entre ellos portación de armas, y liberada bajo caución. Claudia permaneció 23 días en el penal de Cieneguillas, en Zacatecas. Durante ese tiempo, dijo, conoció a varias mujeres que como ella fueron torturadas para obligarlas a firmar confesiones para inculparse de delitos que no cometieron. En el evento de Amnistía Internacional también estuvo presente Víctor Rolón, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), quien llamó a la sociedad a no olvidar a los miles de desaparecidos heredados de la administración anterior y a los que se han ido sumando en el gobierno de Peña Nieto.