TIJUANA, B.C., (apro).- “Sáquenlo junto con ese chamaco… ahora sí nos van a decir dónde está la droga”, lanzó con voz autoritaria el jefe de un comando de encapuchados que en septiembre de 2012 irrumpió en una casa de esta ciudad y se llevó por la fuerza a dos de las personas que ahí se encontraban. El 27 de ese mes, Luis Ángel Zazueta Cornejo, uno de los miles de ciudadanos que cuentan con dos nacionalidades, cruzó la frontera del condado de San Diego –donde estudiaba– hacia esta ciudad para asistir a una fiesta familiar. El trayecto que hizo el joven se grabó en una de las decenas de cámaras de vigilancia que se encuentran apostadas en la Línea Internacional. Ese mismo día, mientras la familia festejaba el cumpleaños del padre de Luis Ángel, un grupo de sujetos armados entró a la casa y sacó al joven de manera violenta junto con un menor de edad, quien posteriormente fue liberado. Horas más tarde el muchacho de 24 años se encontró formado en una fila con varias personas más. A algunos los golpearon y les colocaron una bolsa de plástico en la cabeza para que dieran información sobre un supuesto cargamento de droga, y a otros más les quitaron los objetos de valor que llevaban. Según la versión oficial de los agentes estatales, cuando fue detenido el mexicano-americano se encontraba sentado en una banqueta, con una mochila en cuyo interior llevaba droga con fines de comercialización. Su captura, dijeron las autoridades, se realizó durante un operativo en esta ciudad fronteriza tras una denuncia anónima que alertaba sobre la venta de droga al menudeo, y culminó con la detención de otros cinco hombres y una mujer: César Alfredo Meza García, El Tachuelas, presunto operador del Cártel de los Arellano Félix; Adrián Vázquez Lagunas, propietario de dos taxis de ruta que aquí son conocidos como “calafias”; Leslie Joselyn Márquez, Luis Gabriel Ramírez Dueñas, Fernando Reyes Ortiz y José Francisco Farías Prado. Desde aquel 2012 Luis Ángel se encuentra en prisión preventiva en el Centro de Readaptación Social de La Mesa de Tijuana, en una celda que comparte con otros 23 internos sentenciados y procesados. La Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN) presume la inocencia del joven y la de Vázquez Lagunas –a quienes la Secretaría de Seguridad Pública del estado calificó como supuestos integrantes de una “peligrosa banda criminal”–, y ha demostrado las inconsistencias en sus respectivos casos, así como la falsedad de pruebas, fabricación de delitos y tortura. La comisión de delitos de esa naturaleza, de acuerdo con organizaciones internacionales de derechos humanos, es una práctica generalizada en México y sobre todo en Baja California. Acuerdan diagnóstico en BC En el diseño del Programa Estatal de Derechos Humanos de Baja California, impulsado recientemente por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, destacan la desaparición forzada de personas, la tortura y la situación de periodistas y defensores de derechos civiles. En este ejercicio, en el que participan representantes gubernamentales, de centros universitarios y organizaciones de la sociedad civil, también se busca reconocer la situación de los derechos de migrantes, mujeres, indígenas, adultos mayores y personas con discapacidad. El pasado viernes 9 el representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Javier Hernández Valencia, se reunió con Vega de Lamadrid para armonizar el programa federal de derechos humanos en la entidad. En un comunicado, la administración panista destacó su intención de ser “modelo nacional en el país” en materia de derechos humanos, a efecto de ampliar las oportunidades de los bajacalifornianos y elevar la calidad de vida de la población en general. Vega de Lamadrid se comprometió a instrumentar una administración eficiente que cumpla con la responsabilidad de respetar, proteger, garantizar y satisfacer los derechos humanos de todas las personas que habitan en Baja California y refrendar el Programa Nacional de Derechos Humanos. Y anunció que en junio próximo se llevarán a cabo audiencias públicas para “presentar y enriquecer” el proyecto del Programa Estatal de Derechos Humanos del estado. Al respecto, el director de la CCDHN, Raúl Ramírez Baena, manifestó que se trata de un buen esfuerzo, puesto que se busca partir de un diagnóstico armonizado por la Oficina de la ONU-DH para aterrizar el programa estatal. Entre los retos destacó la instrumentación de políticas públicas para mejorar la situación de los derechos humanos en la entidad e incorporar el tema al Presupuesto de Egresos 2015, además de hacer reformas y leyes que refuercen el sistema en la materia. De acuerdo con Ramírez Baena, la organización que preside participa como vigilante para que se concrete y funcione bien el Programa Estatal de Derechos Humanos. Asimismo, admitió que en Baja California la actual situación “no es nada halagüeña y surgirán situaciones incómodas para el estado, porque se trata –dijo– de hacer un diagnóstico objetivo y veraz para que no se desvíen situaciones ni se oculten cosas, que salga lo que tenga que salir por muy incómodo que resulte”. De lo contrario, añadió, serían en vano las visitas que han realizado organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, la ONU y la Comisión Internacional de Derechos Humanos. “El tema de la tortura tiene que salir porque afecta a la sociedad y porque hay una cauda de casos que se han dado por parte de autoridades, sobre todo del Ejército y la Policía Estatal Preventiva, aunque también se encuentran las policías municipales”, dijo. En entrevista, subrayó que a pesar de que hay tortura física y psicológica, no hay castigo para los perpetradores, por lo que derivado del diagnóstico, sostuvo, se prevé una Ley para Prevenir y Castigar la Tortura en Baja California, en armonía con la ley federal, a fin de tomar medidas para la acción penal por delitos contra la tortura. “En Baja California existen casos acreditados, pero hasta el momento hay impunidad”, advirtió Ramírez Baena. Y el de Luis Ángel, apuntó, es uno de los siete casos de tortura que la CCDHN documentó ante la ONU-DH y Amnistía Internacional.