EL CJF sabía desde 2011 de los malos pasos del juez Jerezano Treviño

jueves, 15 de mayo de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- La corrupción no es ajena al Poder Judicial como se desprende de la nueva denuncia interpuesta hoy por el Consejo de la Judicatura Federal ante la Procuraduría General de la República (PGR), ahora en contra del juez Luis Armando Jerezano Treviño y del secretario Gerardo Tiscareño Mercado. Ambos representantes de la justicia fueron acusados de conductas constitutivas de probables delitos en su desempeño en el Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, al favorecer con sus fallos a casineros. Desde enero pasado, Jerezano Treviño y Tiscareño Mercado se encontraban bajo investigación de los órganos internos del CJF por favorecer en sus fallos a casineros. Hace unos días, incluso, un fiscal del sur de Texas pretendía confiscar más de 3.2 millones de dólares incautados de cuentas en Estados Unidos pertenecientes al juez Jerezano y a su esposa ante la abierta sospecha que ese dinero proviene de sobornos y lavado de dinero. El fiscal de distrito del condado de Hidalgo, René Guerra, dijo que Luis Armando Jerezano Treviño ha impugnado la incautación de enero de 2012 en McAllen. Según documentos judiciales, Jerezano Treviño y su esposa Claudia Zulema Alanís Treviño no informaron a los funcionarios del banco que era juez. Los fiscales alegan que depositaron sobornos que Jerezano Treviño tomó mientras ejercía a cambio de fallos favorables. Los oscuros antecedentes del juez jerezanos e remontan a septiembre de 2011, cuando el CJF lo suspendió, junto con su secretario Tiscareño Mercado para investigar presuntas conductas irregulares en la operación de centros de juego y casinos. En ese entonces, el juez Jerezano amparó a Atracciones y Emociones Vallarta, Rodrigo Aguirre Vizzuett, hijo del exregente capitalino Ramón Aguirre, contra la decisión de la Secretaría de Gobernación de clausurar dicho centro de juego. Con la autorización del juez quedó sin efecto la clausura de diez establecimientos de ese grupo, entre ellos el Casino Royale, donde perdieron la vida 52 personas el 25 de agosto de ese año. “El pleno del Consejo resolvió suspenderlos temporalmente de su cargo a fin de facilitar las indagatorias que lleva a cabo en torno a distintos señalamientos relacionados con acciones que habrían beneficiado, de manera indebida, la operación de establecimientos de juegos y sorteos”, detalló el órgano de vigilancia y control de los jueces y magistrados federales del país. En el comunicado difundido entonces, el CJF aclaró que la separación de Jerezano Treviño no implica culpabilidad. “Constituye una medida cautelar, que no prejuzga sobre ninguna conducta, que busca facilitar las labores de la autoridad investigadora y que se mantendrá vigente durante el tiempo que resulte necesario hasta agotar la investigación relativa”. La dependencia afirmó que “llegará hasta las últimas consecuencias” en el caso, por lo que se comprometió a revelar los resultados de las investigaciones. Tuvieron que pasar casi tres años para que el CJF se decidiera a denunciar penalmente al juez Jerezano y a su secretario Tiscareño Mercado. En un comunicado, el CJF precisó que la querella contra Jerezano Treviño y Tiscareño Mercado se debe a que “se detectaron presuntas irregularidades, particularmente con la actuación del juzgador en los permisos de empresas permisionarias de juegos y sorteos". Las actuaciones, agregó, fueron firmadas en forma conjunta con el secretario Gerardo Tiscareño Mercado para avalar la operación de las permisionarias, dentro del juicio de amparo 99/2008 del índice de dicho juzgado y promovido por "Atracciones y Emociones Vallarta". También se detectaron irregularidades en los diversos juicios de amparo correspondientes a 2006, 2007, 2008 y 2009, en los que estuvieron involucrados tanto el titular como el secretario de Juzgado Cuarto de Distrito de la Laguna, Torreón. Además, apuntó, uno de los familiares de Treviño recibió depósitos de origen desconocido por la cantidad total de 2 millones 218 mil 955 pesos, sin que dicha persona hubiera reportado tener ingresos por el desempeño de alguna actividad ante el Servicio de Administración Tributaria y durante el periodo sujeto a investigación. "El CJF refrenda su disposición a seguir coadyuvando con el Ministerio Público Federal en la integración de la averiguación previa y hará llegar todos los elementos resultantes de las indagatorias administrativas. Este órgano colegiado da muestra de su actuación firme y transparente contra aquellos funcionarios públicos que actúan con deslealtad a la Constitución y a la sociedad", se lee en el comunicado. La nueva denuncia contra los servidores públicos se suma a la que ayer presentó el órgano del Poder Judicial contra los magistrados Eduardo Ochoa Torres y José Manuel Rodríguez Puerto, el juez Javier Rubén Lozano Martínez y el exsecretario técnico Mario Alberto Prado Rodríguez, por su presunta participación en una red de tráfico de influencias para favorecer a Juan José Rojas Cardona, Zar de los Casinos. PGR aplaude decisión Interrogado sobre el particular, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam comentó que el proceder del CJF “es un ejemplo claro de que el Poder Judicial está haciendo acciones para que no quede sospecha alguna sobre la actuación de sus integrantes, lo cual es imprescindible, lo cual es verdaderamente digno de un aplauso, porque la sociedad tiene que confiar en sus jueces, y en consecuencia lo que está haciendo es un procedimiento adecuado, repito no están condenados, los está poniendo a disposición del Ministerio Público para que este investigue las acciones y después el Ministerio Público, en caso de que encuentre que estos elementos se constituyen en delito, los turne a su vez para que sean juzgados. A mí me parece impecable”. Entrevistado después de participar en el Sexto Foro Nacional de Seguridad y Justicia, el funcionario dijo que se hará valer el derecho pleno de los procesados para que lo que se resuelva sea justo.

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