MÉXICO, D.F. (apro).- El director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara Bermúdez, pidió que en el encuentro de mañana entre senadores y el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva se deje de lado “el trato complaciente hacia ciertas autoridades federales” y se apeguen a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de julio de 2011. En entrevista, Guevara Bermúdez recordó que diversas organizaciones sociales han expresado su inconformidad por la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que –apuntó– se ha distinguido “por hacer una interpretación restrictiva de las leyes e incluso de sus propios ordenamientos, en detrimento de las víctimas y de quienes las representamos”. Apuntó que en el caso de la CMDPDH, desde diciembre del año pasado solicitaron al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, así como al Consejo del organismo, “que atendiera algunas de las inconformidades de las víctimas por el sentido que dio a algunas recomendaciones y por la tardanza para emitir otras, pero no tuvimos respuesta”. Guevara resaltó que ante la imposibilidad de ser escuchadas, las organizaciones sociales solicitaron la intervención del Senado para que llamara a Plascencia Villanueva a rendir cuentas en una comparecencia pública. “Al final no logramos que compareciera, sino que se organizara una reunión de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos que preside la perredista Angélica de la Peña. Al fin de cuentas es un avance ante la cerrazón que ha mantenido la CNDH, prácticamente desde su fundación”, agregó el director ejecutivo de la  CMDPDH. Las organizaciones que impulsaron el diálogo entre legisladores y el ombudsman son: Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y la CMDPDH. La reunión de trabajo, programada para este martes 20, tiene como objetivo que los senadores aborden varios temas, entre ellos la inconformidad por el maltrato de la CNDH a los familiares de las víctimas de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas; el trato inadecuado para abordar el asunto de los partos en instituciones públicas, y los casos de torturas atribuidas a agentes de fuerzas federales. La inconformidad de los familiares de las víctimas de San Fernando se debe, entre otras cosas, a la tardanza con la que fue emitida la recomendación, tres años y cuatro meses después, y se quejaron de que la CNDH no se pronunciara por la responsabilidad del Estado mexicano en la violación al derecho a la vida de los migrantes asesinados, ni estableciera medidas de reparación, además de que no buscó a los familiares de las víctimas. Por lo tanto, la recomendación “resulta parcial, violatoria de derechos humanos de familiares de las víctimas e incluso perjudicial al derecho a saber tanto de las víctimas como de la sociedad”, destacaron en un comunicado las organizaciones promotoras del diálogo de los senadores con Plascencia Villanueva. En el caso específico de la CMDPDH, explicó Guevara, los casos que lo llevaron a solicitar el apoyo del Senado tienen que ver con la recomendación por tortura sexual contra Miriam Isaura López en 2009, en Ensenada, Baja California, atribuida a miembros del Ejército; la recomendación por el secuestro y ejecución extrajudicial de Jorge Antonio Parral Rabadán, en el que están involucrados miembros de Caminos y Puentes Federales (Capufe), efectivos del Ejército, agentes de las procuradurías General de la República y de Justicia  de Nuevo León, además de integrantes del crimen organizado, y el caso de cuatro civiles torturados por militares en Playas de Rosarito,  Baja California, en 2009. “Lo que hemos visto es que la CNDH viola los derechos de las víctimas, a las que no involucra en el diseño de una reparación integral del daño y da por concluidas las recomendaciones considerando sólo la versión de las autoridades. Es el caso de Miriam Isaura, ella está inconforme con el ofrecimiento que hizo la Sedena (secretaría de la Defensa Nacional) por los daños causados y nos nombró a nosotros como sus representantes ante la dependencia, porque por el daño que se le causó no quiere ella tener tratos con militares. Y la Sedena señala que ya hizo el ofrecimiento, que la víctima no lo aceptó y la CNDH da por cumplida la recomendación”, precisó Guevara Bermúdez. Otro tema que han detectado los abogados del CMDPDH es que las recomendaciones no van dirigidas a todas las autoridades involucradas en abusos, como ocurrió en el caso de Parral Rabadán, un abogado de Capufe que fue secuestrado junto con otro funcionario en las oficinas de la dependencia en Camargo, Tamaulipas, por presuntos  miembros de la delincuencia organizada y después ejecutados por militares en 2010. “En 2011 la CNDH emitió una recomendación de la que excluyó a Capufe y a la PGR, que atrajo el caso. No hay explicación de por qué dejó fuera a esas dos instancias”, apuntó el activista. La experiencia en el litigio de casos permitió a la CMDPDH detectar otra falla en la CNDH: el retraso en la emisión de recomendaciones y la negativa a revisar el expediente de queja y entregar copias de actuaciones que puedan favorecer a la defensa de las víctimas. “Tenemos más de cuatro años esperando la recomendación por la tortura de militares en agravio de cuatro civiles en Baja California, a ellos la CNDH les aplicó el protocolo de Estambul que resultó positivo, y a pesar de que el mismo reglamento del organismo lo obliga a dar una copia del resultado a las víctimas, la CNDH se ha negado a entregar los documentos  incluso al juez de la  causa que los solicitó, alargando su proceso judicial”, se quejó Guevara Bermúdez. Asimismo, destacó que de todos estos casos se dio parte a los senadores y a diputados federales “cuando vimos que ni el presidente ni el Consejo de la CNDH atendían nuestros reclamos”. Insistió que el trato desdeñoso de la CNDH hacia las organizaciones y las víctimas “no es nuevo, pero después de la aprobación de la reforma constitucional es inadmisible –dijo–, porque el artículo primero de la Carta Magna obliga a todos los funcionarios a garantizar los derechos humanos y atender los tratados internacionales al respecto” Remató: “Ya no puede alegar el ombudsman que tiene limitaciones para actuar a favor de las víctimas”.