MÉXICO, D.F.- Al concluir su visita por México, el relator especial sobre tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes de la Organización de Naciones Unidas, Juan E. Méndez, aseguró que la tortura y el maltrato en el país son prácticas utilizadas en casi todas las corporaciones policiales. La situación más difícil, dijo, se registra desde el momento de la detención hasta que el arrestado es puesto a disposición de la justicia. De acuerdo con el funcionario de la ONU que realizó una visita de 10 días para revisar la situación de la tortura en México, el enviado de la ONU aseguró que en “prácticamente todas las corporaciones" policiales del país existe "una especie de endemia de la tortura que hay que corregir", y también expresó su preocupación por la "continua militarización" en algunas regiones. Señaló que cuando habla de "generalización" no implica que sea una situación "deliberada, sistemática ni masiva", ni que esté impulsada por "altos dirigentes" del Estado. Las denuncias recibidas, agregó, se dan en "prácticamente todas las corporaciones que hacen arrestos en este país". Añadió: "Tengo la obligación de decir al gobierno de México, pero también a la sociedad mexicana, que hay una especie de endemia de la tortura que hay que corregir", e insistió en que esa situación "se está en camino de corregirla". Méndez –quien fue invitado por el gobierno mexicano, al que agradeció el "excelente apoyo" que le prestó en su gestión– se entrevistó con autoridades federales y estatales y visitó centros de detención y otras instalaciones. El relator de la ONU recibió ayer, de manos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), el informe titulado “La tortura, mecanismo de horror”. De acuerdo con información documentada por ese organismo, de marzo de 2013 al mismo mes de este año se registraron en el estado de Chiapas 18 eventos donde se cometieron actos de tortura. Según el Frayba, la intencionalidad de esa práctica en los eventos documentados consiste en la aplicación de un “castigo ejemplar” para desalentar la denuncia y la participación en movimientos sociales críticos al gobierno, para anular la personalidad de la víctima y/o para que ésta se autoinculpe de delitos o inculpe a terceras personas. En el caso de las mujeres, “la violencia sexual es una de las armas privilegiadas y elegidas por los perpetradores para degradarlas moralmente, humillarlas y aplicar un castigo diferencial de acuerdo a su género. De tal manera violenta también derechos específicos de las mujeres”, según el texto del organismo no gubernamental fundado por el obispo Samuel Ruiz García.