MÉXICO, D.F. (apro).- Líderes indígenas de Baja California reclamaron este día al gobierno federal la ausencia de acuerdos para que puedan pescar en el delta del río Colorado, considerado área natural protegida desde 1993. En rueda de prensa en las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), las dirigentes de pescadores cucapás, Hilda Hurtado Valenzuela y Mónica González Portillo, advirtieron que el próximo domingo los indígenas saldrán a pescar, pese a la imposición de una veda sobre la curvina golfina, única especie que autoridades federales permiten comercializar a los bajacalifornianos. Las mujeres que integran la Sociedad Cooperativa Pueblo Indígena Cucapá se quejaron de que, como pueblo originario dedicado a la pesca, no fueron consultados para que en su territorio se creara la reserva de la biosfera. Apenas ayer, las dirigentes indígenas sostuvieron un encuentro en la Secretaría de Gobernación (Segob) en el que no se alcanzaron acuerdos sobre guías de traslado y comercialización de la curvina golfina en el mercado nacional. Hilda y Mónica, acompañadas de su abogada Yacotzin Bravo, de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN), y del dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), Marco Antonio Ortiz, recordaron que este año, por un atraso en las obras para acceder a la zona, los cucapás no pudieron pescar en el tiempo autorizado por la Semarnat. Sin embargo, reconocieron que después de 21 años de lucha la del martes fue la primera reunión en la que al menos “hubo un compromiso de que se va a analizar la situación; que se cumplan los acuerdos será otra cosa”, apuntó Mónica González. Las indígenas denunciaron que las imposiciones gubernamentales ponen en riesgo a la comunidad indígena, compuesta por cerca de medio millar de cucapás, un centenar de ellos con registro y permiso para pescar, apuntó Hilda Hurtado. La también presidenta de la sociedad cooperativa resaltó que desde 2005 se impuso una veda sobre la captura de la curvina golfina y, a partir de 2011, una cuota que sólo concede la pesca de 10% del volumen total de captura anual de la especie. Mónica González apuntó que, por tradición ancestral, sólo pescan 20 días al año, por lo que “no son los cucapás los que ponen en riesgo al animalito, si así fuera, nosotros también lo estaríamos, y estamos dispuestos a proteger a la curvina golfina debido a que forma parte de nuestra cultura”. También consideró “injusto” que a los indígenas se les aplique el mismo trato que a las empresas pesqueras de Puerto Santa Clara y San Felipe, así como a las sonorenses, que cuentan con 90% de los permisos de la cuota de captura y poseen infraestructura para pescar a mar abierto y capturar otras especies, no sólo curvina golfina. Al sostener que la imposición de la cuota de captura no está sustentada en estudios científicos, la abogada Yacotzin Bravo señaló que se ha demandado a las autoridades federales, sobre todo de Semarnat, la realización de una consulta informada sobre el tema, como se desprende del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del artículo segundo de la Constitución sobre los derechos indígenas. Bravo puntualizó que los cucapás han recurrido a todas las instancias nacionales e internacionales, como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero no han encontrado sensibilidad en funcionarios federales para atender sus reclamos. En 2008, “la CIDH recomendó al Estado mexicano realizar la consulta indígena, pero lo que ha habido son mesas de diálogo en las que sólo ha habido simulación, eso nos ha obligado a que cada año nos amparemos contra la cuota de captura por violaciones a derechos sociales políticos y culturales”, apuntó Bravo. La litigante agregó que hasta ahora los jueces de amparo tienen la misma forma de responder a las demandas de los cucapás: “En principio emiten una suspensión provisional, pero cuando viene la sentencia aseguran que no se violó del derecho a la consulta porque hubo estas reuniones en las que sólo hay simulación”. En la reunión realizada en Segob, encabezada por el titular de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, las autoridades y legisladores federales se comprometieron a analizar la exigencia del pueblo cucapá de modificar el decreto presidencial que crea el área natural protegida de la biosfera en esa zona de Baja California. Marco Antonio Ortiz señaló que los representantes del Consejo Nacional de Pesca (Conapesca), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Semarnat se comprometieron a dar una respuesta antes del domingo 25, con el fin de que los cucapás puedan realizar su actividad sin complicaciones legales, así como presentar el jueves 29 un proyecto de consulta indígena. “Vamos a someter a la consideración de los cucapás el proyecto de consulta, se tendrá que revisar la metodología, las preguntas, el tiempo de convocatoria, las condiciones en que va a llevarse a cabo para que, de manera efectiva, se consulte a los cucapás sobre el decreto de 1993”, apuntó. En la mesa también quedó planteada la urgencia de que la Segob intervenga para que la PGR cancele averiguaciones previas abiertas y eventualmente las órdenes de aprehensión luego de la movilización realizada el viernes 9, cuando los indígenas bloquearon la carretera Mexicali-San Felipe. “Vamos a pescar el próximo domingo con ese pendiente, no sabemos si habrá detenciones, pero no tenemos opción porque nosotros queremos seguir existiendo como pueblos originarios, pensamos que quieren desaparecernos, pero nosotros vamos a resistir”, advirtió Mónica González.