Consignan a cinco por zafarrancho en San Bartolo Ameyalco

viernes, 23 de mayo de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) consignó ante un Juez penal del Reclusorio Preventivo Oriente a cinco colonos por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de ataque a la paz pública y contra el ejercicio legítimo de la autoridad, tras el zafarrancho del pasado miércoles en el pueblo de San Bartolo Ameyalco de la delegación Álvaro Obregón. Se trata de Juan José González Martínez, Javier Brigido Castro, Alberto Miguel Pérez Linares, Gerardo Gutiérrez García y Eduardo Mejía Nava. A este último, el Ministerio Público le sumó la acusación de lesiones contra el ejercicio legítimo de la autoridad. El argumento: “de las actuaciones se desprende su participación al arrojar piedras y artefactos explosivos en contra de los representantes de la ley, causándole lesiones en el rostro a uno de los elementos que le dejarán cicatriz permanente”, según la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales. La dependencia informó en un comunicado que el delito de ataques a la paz pública contra el ejercicio legítimo de la autoridad es considerado grave en el Código Penal del DF, pues contempla “conductas que alteran el bien jurídico tutelado, que es la seguridad de las instituciones del Distrito Federal”. Agregó que dejó “un desglose” de la averiguación previa por la probable participación de otras personas en estos hechos. Las personas consignadas fueron detenidas el pasado miércoles en San Bartolo Ameyalco, delegación Álvaro Obregón, luego del zafarrancho entre vecinos y granaderos. Éstos resguardaban a trabajadores que introdujeron una tubería para conectarla con el Sistema Cutzamala. La jefatura delegacional argumentó que era para cumplir la demanda vecinal de hace 20 años y beneficiar a unos 20 mil habitantes. En tanto, los vecinos acusaron que la obra era para mezclar el agua del manantial del pueblo y desviarla a la zona corporativa de Santa Fe. Este viernes, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, trató de justificar la actuación de la policía en San Bartolo Ameyalco, al decir que “se desbordó” la población y que los granaderos iban desarmados. "Obviamente se desbordó en un momento dado tanto la reacción de la población como la limitación de los policías en la parte de la reacción misma", dijo en conferencia. Luego, anunció que se revisarán los protocolos de actuación de la policía capitalina con la Comisión de Derechos Humanos del DF y su homóloga nacional. "Todo el tiempo estamos buscando mejorar los protocolos, vamos a tener alguna reunión que he instruido con la Comisión de Derechos Humanos. Como ustedes saben, nuestra policía no acude armada a ninguno de estos eventos. Obviamente es una situación compleja, complicada. cuando se presentan situaciones como la que se acaba de vivir. Vamos a seguir en el diálogo”, dijo. Van cuatro quejas en CDHDF Dos días después del enfrentamiento y luego de que vecinos de San Bartola Ameyalco realizaron una protesta frente a la sede de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), el organismo emitió un comunicado en el que “lamentó” los hechos de violencia del miércoles. El organismo encabezado por Perla Gómez informó que hasta hoy ha recibido sólo cuatro quejas de personas afectadas durante el enfrentamiento con la policía y respecto a las obras de infraestructura hidráulica. La CDHDF, agregó, se mantiene “pendiente” de la salud de las personas que resultaron heridas durante los enfrentamientos, así como de las investigaciones ministeriales de las detenidas. Reiteró que “la mejor vía para resolver los conflictos es el diálogo y la negociación; y que la violencia en cualquier expresión, no comunica ni ayuda a avanzar en la consolidación de una sociedad plural y diversa”. En tanto, vecinos de San Bartolo Ameyalco se movilizaron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para exigir apoyo para la liberación de los detenidos. Iban a marchar hacia la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Distrito Federal, pero dijeron que “no había condiciones de seguridad para hacerlo”. Mientras, en el pueblo se respiró calma. Los vecinos reportaron que ya no hay granaderos en las cercanías. Adelantaron que el domingo habrá una asamblea general para decidir las acciones a realizar.