Piden tratar alerta de género como "asunto de seguridad nacional"

martes, 27 de mayo de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- Ante el incremento del feminicidio, organizaciones sociales exigieron a los gobiernos federal y estatales considerar la alerta de género como “un asunto de seguridad nacional”, y hacer a un lado las razones político-partidistas que frenan su puesta en marcha. En rueda de prensa, activistas de Guanajuato, Morelos, Oaxaca y Estado de México denunciaron que en los últimos 25 años se han registrado 34 mil 176 homicidios de mujeres, lo que equivale a 6.4 muertes diarias. Josefina Chávez, de Feministas Socialistas, consideró alarmante que a 21 años de que se difundiera el problema de los feminicidios en México, con casos emblemáticos como los de Ciudad Juárez, Chihuahua, el tema siga presente en el país, más aún en “el ambiente violento del país a partir de la guerra contra el narcotráfico lanzada por Felipe Calderón”. Según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), entre 2006 y 2012 los homicidios de mujeres aumentaron 40%, mientras persiste “un enrarecimiento del ambiente de las distintas instituciones de gobierno” para no dar entrada a las peticiones de alerta de género, acusó Chávez. Las defensoras destacaron que a pesar de que desde hace seis años entró en vigor Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), las autoridades “no han garantizado la protección de la vida y la integridad de las mujeres en México”. También recordaron que, ante el incremento de la violencia contra las mujeres, organizaciones sociales han solicitado la aplicación de la alerta de género en Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca y Morelos. Sin embargo, denunciaron, desde 2009 los responsables para poner en marcha la declaratoria de alerta de género “no se han podido poner de acuerdo en los criterios para basar su decisión y mientras tanto la violencia feminicida continúa en aumento”. Verónica Cruz, del Centro Las Libres, de Guanajuato, se quejó de que “a los gobernantes no les importa resolver el problema de la violencia contra las mujeres ni temas como la mortalidad materna o el feminicidio, que son prevenibles, no les importan”. También dijo que desde que se legisló la posibilidad de emitir las alertas de género, se ha acusado a las defensoras de las mujeres de politizar el tema, “de querer dañar la imagen de los políticos y de los estados, y lo que hemos visto es que ellos sí utilizan el tema de la política partidista para hacer señalamientos sobre en qué gobierno y de qué partido hay más o menos asesinatos, pero sin que ello signifique resolver el principal problema, que es la impunidad”. El Centro Las Libres solicitó el año pasado una alerta de género luego de documentar 73 feminicidios, petición que fue negada, por lo que en marzo pasado, con 12 casos más, la ONG presentó una nueva solicitud que, al final, fue aceptada, por lo que se está en proceso de análisis del mecanismo de defensa. Verónica Cruz resaltó que la gravedad de la situación en Guanajuato se refleja en que de marzo a la fecha se reportaron 22 casos más de homicidios de mujeres con signos feminicidas, así como que de cinco formas de violencia para ejecutar a mujeres, hace 14 años, ahora se ha pasado a 13, cada vez más violentas. Además, si hasta 2012 el mayor porcentaje de mujeres víctimas fluctuaba entre los 40 años y ellas habían sido asesinadas por sus esposos, a partir del año pasado el mayor porcentaje lo ocupan mujeres de 19 a 20 años, y sus victimarios ahora son los novios. La defensora señaló que en el aumento de la violencia contra las mujeres las autoridades de la Procuraduría de Guanajuato tienen responsabilidad, ya que 40% de las mujeres asesinadas había interpuesto antes denuncias por violencia intrafamiliar o de pareja. “La gran mayoría denunció más de una vez, e incluso se dio un caso en que la víctima lo hizo siete veces sin que las autoridades hicieran nada para proteger a las mujeres”. La activista confía en que esa situación sea considerara por el grupo de trabajo –conformado por dos expertas nacionales, una de Guanajuato y una más del gobierno federal, así como representantes de la CNDH, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Inmujeres e Instituto Estatal de las Mujeres– determine la pertinencia de emitir la alerta, decisión que debe darse a conocer el viernes 30. Yuriria Rodríguez Estrada, integrante del OCNF, informó que ante los obstáculos que han tenido las ONG para procesar sus solicitudes, su organización ha solicitado amparo en Chiapas, Nuevo León y Estado de México, con los dos primeros en revisión. En tanto, aclaró, en la entidad gobernada por el priista Eruviel Ávila, “desde hace más de un año se está pelando para que se cumpla la sentencia, en la que se determinó realizar una investigación para determinar si procede o no la alerta de género”. La defensora resaltó que cuando el Observatorio solicitó la alerta de género en 2010 habían contabilizado más de mil casos desde 2005 a esa fecha; y en 60% de ellos, deploró, la PGJEM desconocía quién había sido al agresor. Una vez que fue desechada la alerta en ese momento porque se consideró que era una “campaña de desprestigio contra Enrique Peña Nieto”, recordó Rodríguez Estrada, el gobierno mexiquense procedió a introducir en el Código Penal el término del feminicidio y su tipificación, así como a crear una Subprocuraduría especializada. “Lo preocupante es que esas acciones no significaron la disminución de la violencia contra las mujeres, pues de 2011 a 2012 registramos más de 600 casos con características de feminicidio, pero la Procuraduría local sólo reconoce 145, y dejó en el olvido la otra cifra de más de mil casos, determinando la no acción penal o su envío al archivo”, apuntó. A ello deben sumarse las desapariciones de mujeres que, entre enero de 2011 y junio de 2012, sumaron 955, casos en los que en 60% las víctimas tienen entre 11 y 20 años de edad. Yuriria Rodríguez apuntó que este miércoles 28 el grupo de trabajo encargado de realizar la investigación sobre la pertinencia de emitir una alerta de género tiene que entregar su resultado sobre la situación en el Estado de México. “Como Observatorio vamos a rechazar ese resultado, porque hasta ahora lo que sabemos es que el único consultado sobre la violencia contra la mujer en esa entidad es Eruviel Ávila, pues no se consultó a las organizaciones ni a las víctimas, ni siquiera a expertos en el tema; por eso, para nosotros, el grupo de trabajo va a emitir un resultado a modo”, advirtió. Juliana Quintanilla, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) informó que este martes acudieron al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) a solicitar por segunda ocasión que se emita una alerta de género para su entidad, donde hasta junio del año pasado su organización había contabilizado 530 feminicidios. De junio a la fecha, resaltó, la CIDHM contó 70 casos más, con lo que en una década se elevó a 600 el número de homicidios de mujeres en Morelos.