Interponen nueva denuncia contra Juan Manuel Oliva por nepotismo

martes, 6 de mayo de 2014
GUANAJUATO, Gto. (apro).- La asociación civil Ciudadanos Hartos presentó una nueva querella ante la PGJ para que se investiguen y se finquen responsabilidades por los contratos asignados en el DIF estatal durante la gestión del exgobernador Juan Manuel Oliva, actual candidato a secretario del CEN del PAN en la fórmula que encabeza Ernesto Cordero y que presuntamente favorecieron a la hija y consuegra del exmandatario. La asociación recibió la sentencia definitiva de un amparo por parte del Tribunal Colegiado en Materia Penal del XVI Circuito, que ordenó a la Procuraduría de Justicia archivar una averiguación iniciada en febrero del 2011. La sentencia se dio tras la denuncia que presentaron por anomalías detectadas en el ejercicio presupuestal del DIF, que presidía Marta Martínez, esposa del entonces gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez. Esta denuncia se archivó, según la revisión del tribunal, en lo que corresponde a la revisión de las cuentas públicas de los periodos involucrados en el caso. En diciembre pasado, los diputados del Congreso local aprobaron fast track las cuentas públicas de Oliva Ramírez, a pesar de múltiples cuestionamientos e irregularidades detectadas en auditorías a dependencias como el propio DIF y la Secretaría de Salud durante su gobierno. El representante de Ciudadanos Hartos, Roberto Saucedo Pimentel, informó que el grupo decidió interponer una nueva denuncia ante el Ministerio Público –la 14/2014– para que se investiguen asignaciones de contratos hechas en el DIF, sin que para ello sea necesario revisar las cuentas públicas del estado. Entre los contratos a investigar hay una adjudicación directa de los servicios de banquetes de la propia hija de Oliva Ramírez y la entonces presidenta del DIF, Marta Martínez, así como otro contrato para el suministro de miel de abeja a la consuegra de ambos. De igual forma, se pide investigar la asignación directa de contratos para entrega de despensas a empresas que aparecen a nombre de familiares del empresario leonés Elías Villegas Torres, uno de los principales impulsores políticos  -y auspiciadores de campaña- de Oliva. “Estas conductas no requieren que se revise la cuenta pública, sino el acto mismo de contratación que puede derivar en un abuso de autoridad o tráfico de influencias”, dijo Saucedo Pimentel. La denuncia será atendida por la Fiscalía especializada en investigación de delitos cometidos por servidores públicos.  

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