MÉXICO, D.F. (apro).- La activista Gabriela Hernández Arriola, conocida como Luna Flores en las redes sociales, obtuvo una orden de los magistrados para enfrentar su sentencia en libertad. Desde finales de octubre Luna Flores fue recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, acusada de ultrajes a la autoridad, supuestamente por haber gritado a dos agentes capitalinos “puercos asalariados”, la noche del 2 de octubre. Sentenciada a un año y tres meses de prisión por un delito que alcanzaba fianza si pagaba 19 mil pesos, la activista decidió continuar presa hasta conseguir su libertad absoluta, pero el pasado 25 de abril los magistrados que revisan su caso ordenaron que siguiera su proceso en libertad. Dicha medida había sido negada por la juez de primera instancia Marcela Ángeles Arrieta con el argumento de que Gabriela Hernández es una persona de “peligrosidad social” debido a su asidua participación en marchas. Tras salir de prisión, Luna Flores se enteró de que ya hay otra averiguación previa abierta en su contra y, por tanto, una orden de presentación que se giró por su participación en la marcha conmemorativa del 10 de junio pasado. Hasta ahora no ha recibido la notificación, debido a que las autoridades aseguran que no está localizable. La mujer afirma estar preocupada, pues hace unos días, cuando ella no se encontraba, arribaron a su casa agentes de la Policía Investigadora, quienes después de haber sido recibidos por su hijo se retiraron sin más. Cuando los abogados de Hernández investigaron la razón, se enteraron que los agentes habían asentado en su parte informativo que aquella no vivía en ese lugar y que tenía un domicilio en Ciudad Nezahualcóyotl, que ella niega haber proporcionado. La tarde del 10 de junio Luna Flores participó en la marcha conmemorativa del “Halconazo”, que devino en una confrontación con granaderos. En los videos difundidos hasta ahora no se observa a la mujer agrediendo policías, sino reclamando la detención de Carlos Esteban Jiménez, integrante del Frente Oriente, quien ese día fue detenido junto con otros jóvenes. Sin embargo, de repente fue detenida, arrastrada por varios metros y subida a una patrulla. Aunque hasta ahora desconoce la querella, Gabriela Hernández dice tener miedo de que el gobierno de Miguel Ángel Mancera intente regresarla a prisión. Procesos pendientes Las acusaciones que pesan contra activistas capturados en 2013 han ido cayendo una a una al resolverse juicios de amparo que concluyeron en violaciones al debido proceso desde que se les dictó auto de formal prisión. Además de Luna Flores, por los hechos del 2 de octubre obtuvieron su libertad seis de los arrestados. Sin embargo, continúa preso en el Reclusorio Oriente Jorge Mario González García –detenido en esa ocasión a bordo de una unidad de transporte público en el Centro Histórico–, acusado de ataques a la paz pública supuestamente por lanzar petardos en el trayecto. Aunque no hay denuncia por daños en propiedad, mobiliario urbano o de transeúntes, ni testimonios directos, González García fue sentenciado a cinco años y nueve meses de prisión en enero pasado. La misma juez Marcela Ángeles Arrieta consideró suficiente prueba el dicho de dos policías. A Jorge Mario se le negó la apelación y está en espera de que un amparo pueda revertir lo que considera una criminalización por consigna, de la cual responsabiliza a la rectoría de la UNAM. Otro de los detenidos ese día en la avenida Reforma es Alejandro Bautista, preso en el Reclusorio Norte, quien ha trabajado en la defensa jurídica de los pueblos originarios de la delegación Tlalpan, al sur del Distrito Federal. Bautista, quien también está a la espera de un amparo, se ha proclamado preso de conciencia por su oposición a los proyectos urbanizadores e inmobiliarios del gobierno capitalino desde la época de Marcelo Ebrard. En el Reclusorio Norte también se encuentra recluido Abraham Cortés, un artista callejero acusado de incendiar a un policía con un coctel molotov. De acuerdo con su abogado, Rubén Díaz, el video que incrimina a Cortés fue editado, pues en realidad lanzó una botella de refresco que no llegó a la línea de granaderos, como se observa en el video original. Apelaciones en puerta Por los hechos del 10 de junio pasado, durante la marcha por el 42 aniversario del “Halconazo”, Carlos Esteban Jiménez, Luis Barrera, Fredy Rosete Arizpe, Diego Mora, Carlos Vázquez y Diego Jacob Lara fueron sentenciados, cada uno, a cuatro años y cuatro meses de prisión. Aunque la pena es conmutable por servicio social y multa, decidieron apelar bajo la insistencia de que son inocentes. De acuerdo con los documentos del proceso que se les siguió, no existen pruebas contundentes que acrediten los delitos de los que se les acusa, y este miércoles 7 de mayo se espera la resolución del acto que apelaron. También mañana, Alejandro Montaño –sentenciado a ocho años y nueve meses de prisión– espera que la apelación que interpuso sea resuelta por la sala penal del Poder Judicial capitalino. Montaño fue detenido en dos ocasiones. La primera cuando trepó a la Estela de Luz, el pasado 24 de febrero. Posteriormente, el 22 de abril, fue severamente golpeado por elementos de la policía capitalina, luego de ser detenido en la protesta contra las leyes complementarias en materia de telecomunicaciones. En esa última fecha vecinos de la colonia Doctores lo recogieron mal herido y evitaron que una ambulancia del cuerpo de emergencias de la ciudad (ERUM) se lo llevara. “El ERUM es un auxiliar del Ministerio Público”, dice Montaño, cuyo nombre en redes sociales es Jamspa. La información sobre el caso fue difundida por los mismos vecinos de la colonia Doctores, quienes que mostraron la imagen de Jamspa y otro joven muy golpeados y cubiertos de sangre.