MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDH), Miguel Ángel Nava, solicitó medidas cautelares a la CIDH ante las intenciones del Congreso estatal de removerlo ilegalmente del cargo. En rueda de prensa, el titular de la DDH recordó que el 10 de febrero de 2012 fue electo por mayoría de votos de los integrantes de la LVI Legislatura de Querétaro y, al ser un ombudsman “incómodo” para algunos actores políticos, ahora se pretende destituirlo violentando la Constitución local y federal. Nava Alvarado señaló al coordinador de la bancada del PRI, Braulio Guerra Urbiola, así como al titular del Tribunal Superior de Justicia local, Carlos Manuel Septién Olivares, de ser las “cabezas visibles” que buscan su destitución, presuntamente por no encabezar un organismo público de derechos humanos “a modo”. Luego de destacar que durante su gestión ha emitido cinco recomendaciones a dependencias del gobierno priista de José Calzada y el resto a autoridades municipales, Miguel Ángel Nava sostuvo que el 15 de mayo recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en espera de que ésta dicte medidas cautelares para que el Congreso frene el procedimiento para elegir a un nuevo ombudsman queretano. Con un largo historial como funcionario de la PGR y en la CNDH, Nava Alvarado narró que el intento de destituirlo inició en marzo de 2012, cuando uno de los aspirantes al cargo, José Luis César Pérez Guzmán, interpuso una queja en un Tribunal local contra el procedimiento de elección, al considerar que fue discriminado por tener más de 70 años, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Derechos Humanos de la entidad prevé que la edad máxima para presidir la Defensoría es de 60 años. Después de prolongados procesos judiciales, en los que Nava Alvarado asegura que no fue convocado como tercero perjudicado, la magistrada Celia Maya García, del Tribunal Constitucional de Querétaro, declaró violatorio el artículo 19 de esa ley, y ordenó a la Legislatura local considerar la candidatura de Pérez Guzmán y cotejar su perfil con el de Nava Alvarado, “a fin de elegir entre ellos dos a la persona más idónea para ocupar el cargo de presidente de la Comisión (sic) de Derechos Humanos del Estado de Querétaro”. Nava Alvarado asumió como ilegal la resolución de Maya García, toda vez que las sentencias del Tribunal Constitucional son colegiadas, lo que no ocurrió en este caso. Además, el titular de la DDH advirtió sobre la existencia de un “conflicto de intereses” entre Maya García y Pérez Guzmán quienes, acusó, son militantes del PRD, pues la primera fue candidata al Senado, y el segundo ha sido representante de su partido en casillas electorales. El jueves 5 los legisladores queretanos llamaron a comparecer a Nava y a Pérez, pero surgió un nuevo inconveniente: un ciudadano interpuso un juicio de amparo para la reposición total del proceso, con el fin de que cualquier aspirante que cumpla el perfil debe ser incluido como candidato a presidir el organismo. Ante lo que considera “actos ilegales”, Nava Alvarado inició dos averiguaciones previas contra tres magistrados federales y 13 magistrados locales, a quienes acusa de realizar actos contra la administración de justicia, al haber admitido los recursos que tienen en jaque a la DDH. También se quejó de que hasta ahora no ha contado con la solidaridad de sus homólogos en los entidades ni mucho menos del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, contra quien compitió por ese cargo en 2009. “En una reciente reunión de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, realizada del 29 al 30 de mayo en Zacatecas, pedí a mis homólogos emitir un pronunciamiento similar al que se hizo (el 9 de enero de este año) cuando el gobernador Ángel Aguirre Rivero, de Guerrero, nombró de forma ilegal al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad (Ramón Navarrete Magdaleno), luego del deceso de quien fuera presidente vitalicio, Juan Alarcón. “Aunque hubo empatía con colegas, como la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez, y de los titulares de Morelos (Lucero Benítez) y Tlaxcala (Francisco Mixcoatl Antonio), no se aprobó mi propuesta”, deploró. Nava Alvarado insistió en que ante la actuación de los legisladores y la ausencia de respuesta de los órganos de justicia es que decidió solicitar medidas cautelares a la CIDH, con el fin de evitar la violación a sus derechos. “Si me van a quitar, que me sea conforme a la ley”, argumentó.