CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La Procuraduría General de Justicia de esta entidad (PGJ) se declaró incompetente para continuar con la investigación del secuestro y ejecución del vocero de la Dirección de Salud de Acapulco, Jorge Torres Palacios, al detectarse evidencias contundentes de que detrás de ese hecho se encuentra el crimen organizado. Al dar a conocer lo anterior, el titular de esa dependencia, Iñaky Blanco Cabrera, dijo que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) atrajo el caso. En conferencia de prensa, el funcionario estatal reveló además que los policías ministeriales que daban seguimiento al crimen de Torres Palacios fueron amenazados de muerte. Sobre los tres trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que a fines de abril fueron privados de la libertad en el municipio de Coyuca de Benítez y cuyos cuerpos se localizaron la semana pasada en una fosa clandestina, señaló que los responsables habrían sido los sicarios al servicio de la banda de Los Granados. Blanco Cabrera precisó que el caso de Torres Palacios fue atraído por la SEIDO el pasado sábado 7 al existir la presunción de que el crimen del funcionario municipal está relacionado con la delincuencia organizada. El funcionario estatal también confirmó que el vocero del ayuntamiento porteño fue decapitado porque la causa de la muerte fue  “hemorragia externa e interna secundaria producida por instrumento cortante en el cuello”. El pasado lunes 2, el cuerpo de Torres Palacios fue encontrado semienterrado en una fosa clandestina ubicada  en las inmediaciones del poblado Plan de los Amates, al oriente del puerto de Acapulco, cuatro días después de que un comando lo interceptó y se lo llevó por la fuerza (el pasado 29 de mayo) cuando llegaba a su casa, en la unidad habitacional El Coloso. En el caso de los trabajadores de Sedesol, manifestó que dos de ellos trabajaban directamente para Diconsa y uno más dependía de una empresa privada que suministra lácteos a Liconsa. Las víctimas son: Héctor López Torres, supervisor operativo de Diconsa, y el auxiliar operativo del mismo organismo, Gustavo Abarca Radilla, además de Carlos López Sánchez, promotor de la empresa privada Prospecta, que ofrece servicios subrogados a Liconsa. Blanco Cabrera indicó que el pasado 24 de abril los tres trabajadores salieron del almacén de Diconsa, ubicado en el poblado de Alcholoa, municipio de Atoyac, rumbo al municipio vecino de Coyuca de Benítez, donde distribuirían productos de la canasta básica. Los empleados federales ya no regresaron, por lo que el jefe del almacén, Ramiro Ruiz González, solicitó apoyo a las autoridades de los tres niveles para localizarlos. Tres días después se encontró la camioneta en la que viajaban, abandonada en las inmediaciones del punto conocido como Arroyo Grande, en la Sierra de Coyuca. El pasado martes 3 se hallaron los cadáveres de tres hombres en avanzado estado de putrefacción, al interior de una fosa clandestina ubicada en las inmediaciones del poblado El Ranchito. Las víctimas estaban atadas de pies y manos y presentaban impactos de bala en la cabeza. De acuerdo con los dictámenes preliminares, se trata de los trabajadores de Sedesol desaparecidos, quienes habrían muerto hace aproximadamente 35 días. Según las investigaciones de la PGJ, los presuntos responsables de la ejecución de los trabajadores de la dependencia federal son cinco integrantes de la familia Tecuchillo Pérez, afincados en el poblado El Ranchito, quienes junto con sus esposas abandonaron la zona cinco días después de haber privado de la libertad a las víctimas. El procurador presentó fotografías de Juan Tecuchillo Carrillo y los hijos de éste: Fredy, Juan Carlos, Diego y Orlando Tecuchillo Pérez, a quienes señaló como los presuntos homicidas. Los inculpados, todos los cuales se encuentran prófugos, forman parte de una gavilla que opera en la sierra de Coyuca de Benítez, dedicada a la siembra y trasiego de enervantes, y también son sicarios al servicio de Salvador El Chava Granados, líder del grupo delincuencial Los Granados, afirmó Blanco Cabrera. De acuerdo con el procurador, los inculpados estaban ebrios la noche en que desaparecieron los trabajadores de Sedesol, quienes tuvieron que pasar por el pueblo de los presuntos delincuentes para bajar de la Sierra y llegar al almacén de Diconsa en Alcholoa, Atoyac.