"Insignificante", la disminución del trabajo infantil en México: UNAM

miércoles, 11 de junio de 2014 · 13:23
MÉXICO, D.F., (apro).- Más de tres millones de niños y adolescentes entre los cinco y 17 años participan en actividades económicas en situaciones riesgosas y de vulnerabilidad en México, sostiene Mauricio Padrón Innamorato, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. La cifra corresponde a la estadística 2011 del módulo de trabajo infantil del Inegi, pero, según el investigador, es “relativa” porque la encuesta hace referencia a niñas, niños y adolescentes que, en su mayoría, viven en el núcleo familiar, es decir, que no incluye a aquéllos en situación de calle que laboran, por ejemplo, en los cruceros. “En realidad el número sería mayor”, afirma, y añade que faltan mecanismos de vigilancia para sancionar los lugares en donde laboran menores de edad. Y si bien a escala global el empleo infantil ha disminuido una tercera parte del 2000 al 2012, en México, acota, esa disminución no ha sido significativa. El problema, dice, es que la mitad de los menores que trabajan lo hacen “con la madre, el padre, con ambos o con un pariente en empresas familiares; así es difícil llevar a cabo una vigilancia para sancionar y controlar estas conductas. “Lo que se debe hacer es sensibilizar a la sociedad en torno a este problema para generar un cambio cultural que conduzca a evitarlo”, considera. En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebra este 12 de junio, Padrón Innamorato afirma que México ha hecho “esfuerzos importantes” para incorporar medidas jurídicas que combatan y erradiquen el trabajo infantil, pero no han sido suficientes. De entrada, explica, existe la prohibición en la Constitución Mexicana de 1917 pero el problema es más complejo, porque “tiene raíces culturales, sociales y económicas profundas”. Muchas familias, refiere, envían a los más pequeños a laborar porque no cuentan con ingresos o dinero suficiente para sufragar gastos. Además, sigue, en el país persiste la idea de que si los menores participan en una actividad que podría considerarse como trabajo, es “porque se les forma para el futuro”, para el ingreso al mercado laboral. Si bien, añade, se considera que la edad temprana es una etapa de preparación para la vida adulta, el problema a la vez es que por tradición histórica, se piensa que los niños no son sujetos de derechos porque las decisiones sobre ellos corresponden a la vida privada, a los padres en particular. Si una labor empieza a interferir con las garantías fundamentales de los pequeños, como la asistencia a la escuela, el tiempo de estudio, el descanso, recreación, salud, alimentación y el juego, se le denomina trabajo, y es cuando debe prestarse atención, alerta. Y es justo la falta de mecanismos de vigilancia por parte de la autoridad para sancionar aquellos lugares en donde laboren los menores de 17 años, donde está el problema, señala. Se requiere, dice, un papel más activo por parte del Estado, que es el sujeto obligado para responder por esta población y hacer efectivos sus derechos ante temas como mercados laborales, niños, adolescentes y jóvenes, exclusión social, discriminación y derechos, entre otros. El académico de la UNAM afirma que para eliminar esas conductas no sólo se necesita publicidad, también diseñar y poner en práctica políticas públicas integrales que brinden los elementos y mecanismos necesarios para que los padres no se vean obligados a integrar a los menores a la fuerza laboral. “Estamos en el proceso de una reforma constitucional para incrementar a 15 años la edad mínima de admisión al empleo, lo que permitirá que el Estado mexicano pueda ratificar el Convenio 138 de la OIT, cuestión sumamente importante para cumplir con las obligaciones internacionales. Pero esto no es suficiente, debe actuarse de forma integral para aplicar medidas que conduzcan a erradicar el problema”, concluye. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a escala global el grupo de niños de entre cinco y 17 años que laboran descendió en casi una tercera parte, al pasar de 246 millones en 2000, a 168 millones en 2012, pero en el caso de México, sostiene el académico esa disminución es “insignificante”.

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