Hallan tres cadáveres de indígenas desaparecidos hace siete meses en Aquila

jueves, 19 de junio de 2014 · 19:12
MÉXICO, D.F. (apro).- Los cadáveres de tres indígenas nahuas, quienes desaparecieron hace siete meses en Aquila, Michoacán, fueron localizados en una fosa clandestina ubicada en el poblado Las Brisas de esa entidad, el pasado domingo 8. De acuerdo con representantes de la comunidad, la autopsia reveló que Carlos Zapien Díaz, Javier Ramos e Ignacio Martínez –cuyos cuerpos estaban atados de pies y manos, la boca cubierta con cita plateada, además de huellas de tortura e impactos de bala– fueron ejecutados el mismo día en que desaparecieron, el 25 de noviembre de 2013. Los restos de los indígenas se hallaron aproximadamente a 300 metros de donde acampa la Policía Federal en Las Brisas, entre San Juan de Alima y La Placita Michoacán. Pobladores de Aquila aseguran que Carlos, Javier e Ignacio fueron levantados por los hermanos Israel y Rogelio Lazo Carreón por órdenes de los excomisariados Fidel Villanueva Espinoza, José Cortés Méndez y Miguel Zapien Godínez, recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Colima, acusados de delincuencia organizada, extorsión y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. El 18 de octubre de 2012, por decisión unánime de la Asamblea General de Comuneros, los tres sujetos –contrarios a Octavio Villanueva Magaña, actual presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel de Aquila– fueron removidos, supuestamente por aliarse al grupo delictivo de Los Caballeros Templarios para explotar ilegalmente las minas de La Estanzuela y La Colomera. En su edición del pasado viernes 13, el semanario Proceso publicó un reportaje sobre los indígenas nahuas, quienes, cansados de pagar cada mes 700 mil pesos a Los Caballeros Templarios, organizaron guardias comunitarias en junio del año pasado y sacaron de sus tierras a los delincuentes. Villanueva Magaña denunció que estaba siendo perseguido y que había una orden de aprehensión en su contra. Además dijo que 16 de sus compañeros continúan presos en el penal de Perote, Veracruz, y otros tres en el de Mil Cumbres, Michoacán. Tres más desaparecieron y cinco fueron asesinados, agregó. “No estamos de acuerdo en formar parte de la Fuerza Rural Estatal que propone el gobierno federal. Tememos que se convierta en el instrumento de represión contra los pueblos indígenas michoacanos. El objetivo de nuestra guardia es cuidar nuestra comunidad y nuestra gente. Estamos en contra de expandirnos y andar conquistando territorios como lo hacen los grupos de autodefensas apoyados por el gobierno federal”, expresó Villanueva. San Miguel de Aquila, localizado entre la costa y la sierra de Michoacán, ha sufrido diversos saqueos. La zona es rica en recursos naturales, como bosques, ríos, arroyos y minas, y tanto el gobierno como algunas trasnacionales han buscado la forma de adueñarse de ese patrimonio, reseñó Villanueva. En los setenta, precisó, se descubrieron minerales cerca de la localidad, principalmente hierro, lo que provocó que la empresa Las Encinas, del grupo Hylsamex, buscara construir una mina para llevarse el material. Ante tal interés, los comuneros se unieron y lograron que el 15 de diciembre de 1980 el presidente José López Portillo otorgara a 344 habitantes los derechos sobre 20 mil 658.4 hectáreas. Tres décadas después, en 2000, los pobladores aceptaron la entrada de la minera, a condición de que el consorcio pagara mil pesos anuales a cada comunero. La empresa nunca lo hizo. En 2005 Hylsamex fue vendida a la minera italo-argentina Ternium, y la nueva dueña tampoco abonó un peso. Frente a tal situación, los nahuas iniciaron un juicio para exigir el pago de regalías por la explotación y los daños causados a la naturaleza. En 2012 firmaron un convenio por medio del cual recibirían 2.30 dólares por tonelada extraída. “Para entonces, el crimen organizado ya era un punto delicado. En la región opera el cártel de Los Caballeros Templarios, cuyo jefe de plaza es Federico González Medina, El Lico. El grupo se dedicó a extorsionar, robar, secuestrar, traficar drogas y otras actividades ilícitas. Cuando ganamos el pago de regalías a Ternium, la empresa difundió en los medios locales que cada comunero recibiría entre 30 mil y 40 mil pesos mensuales. A partir de entonces El Lico exigió el pago de 700 mil pesos al mes”, detalló Villanueva. Con la supuesta aquiescencia de Eustolio Nava Ortiz, delegado de la Procuraduría Agraria en Michoacán, el capo y los comuneros “corruptos” José Cortés Méndez, Fidel Villanueva Ramírez y Miguel Zapién Godínez consiguieron la explotación de otras minas, como La Estanzuela y La Colomera. Según el presidente del Comisariado, de esas minas se extrajeron las más de 100 mil toneladas de hierro ilegal que en mayo pasado eran transportadas por dos buques decomisados en Manzanillo. “La comunidad estaba siendo asolada por la delincuencia; la consigna del crimen era y es: ‘¡pagan o se mueren!’. La inseguridad en la región era permanente y el gobierno no cumplía su papel de proteger a la comunidad, así que fue la extorsión y la necesidad de proteger la vida, la familia y el patrimonio lo que nos orilló a conformar la guardia comunitaria. En ningún momento la intención fue desafiar al gobierno y sus instituciones, a las cuales les tenemos un gran respeto”, puntualizó. Para el 24 de julio de 2013 –a poco más de un mes de haber entrado en acción–, la guardia comunitaria ya había retomado el control y expulsado a los Templarios. Se invitó al presidente municipal, Juan Hernández Ramírez, a apoyar el movimiento, pero como respuesta el priista –a quién hoy acusan de pertenecer a Los Templarios– abandonó el pueblo junto con los delincuentes. El político se refugió en San José de Alima. La población vivió en paz durante el tiempo en que operó la guardia comunitaria, pero todo cambió el 14 de agosto de 2013, cuando en un megaoperativo entraron a San Miguel de Aquila la Policía Estatal, la Marina y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) del Ejército. Llegaron a las 7 de la mañana, levantando y agrediendo a los integrantes de la guardia local. Destruyeron las oficinas de la comunidad y se robaron efectivo y artículos con valor de un millón de pesos, dijo Villanueva a la revista Proceso.