Piden a senadores que en Telecom "no se dejen presionar por poderes fácticos"

lunes, 23 de junio de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- El colectivo de organizaciones encabezado por “El Grito Más Fuerte”, que lidera el actor Daniel Giménez Cacho, así como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), presidida por Agustín Ramírez, y otras redes ciudadanas presentaron hoy a los senadores 31 puntos “irreductibles” sobre la reforma de telecomunicaciones. Las ONG también conminaron a los legisladores a no “dejarse presionar por los poderes fácticos” de las televisoras ni de las compañías telefónicas. El documento de 31 puntos plantea, entre otras cosas, garantías plenos para los derechos de las audiencias, que la vigilancia de contenidos sea “facultad exclusiva” del Instituto Federal de Telecomunicaciones, eliminar artículos que permiten a concesionarios concesionar hasta 38% o más del tiempo total de programación, mantener una reserva de, al menos, 30% del espectro para medios de uso social, así como fortalecer y dar plena autonomía a los medios públicos frente a la Secretaría de Gobernación (segob). También demandaron que los criterios para regular la preponderancia sean “por servicios” y no por “sectores”, como mantiene aún la iniciativa del Ejecutivo federal, ya que “las telecomunicaciones están divididas en distintos servicios que son operados por distintos agentes: telefonía fija, móvil, Internet y televisión de paga. Esta pretensión tiene el propósito de proteger claramente a Televisa par dejarla libre de la regulación de tv de paga”. Además, pidieron eliminar el artículo 9 transitorio, negociado entre gobierno federal y el PRD, pues “constituye una inadmisible excepción al régimen de competencia económica”. Y también cuestionaron que se matizaran, con la figura del “apercibimiento”, las multas y sanciones a quienes incumplieran el nuevo marco legal. Asimismo, demandaron medidas efectivas para fomentar la producción nacional independiente y “definir correctamente al productor nacional independiente” para evitar cualquier vinculación a concesionarios de radio o televisión o a filiales de compañías trasnacionales. Peligros de “contrarreforma” En el acto estuvo presente el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Raúl Cervantes Andrade, del PRI, así como los senadores del PRD, Alejandro Encinas, Dolores Padierna, Zoé Robledo, Alejandra Barrales, Manuel Camacho, y el panista Javier Corral. Corral lamentó que de los 30 legisladores que participan en las tres comisiones dictaminadoras sólo estuvieran presentes tres, y destacó la presencia de Barrales, presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, pero deploró la ausencia del panista Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicación, y de Graciela Ortiz, de la Comisión de Estudios Legislativos. Enseguida, criticó la estrategia del gobierno federal de “abrir más flancos de negociación para ver dónde compra más barato” y sacar adelante la iniciativa del Ejecutivo federal en materia de telecomunicaciones. Luego destacó que él y los legisladores del PRD frenaron “el documento” de Javier Lozano, que constituyó el segundo documento proveniente del gobierno federal. “Ojalá pudiéramos mantener la alianza juntos”, acotó. Dolores Padierna advirtió que su partido “no cederá ni un milímetro” frente a la reforma constitucional. “El PRD frenó la contrarreforma. No admitiremos ni un paso atrás”, reiteró. Alejandro Encinas, del PRD, quien participó en rondas de negociaciones recientes con el gobierno federal, admitió que “se abrió un frente de negociaciones” pero que, en realidad, “los grandes legisladores son los grupos de interés”. Encinas destacó que son tres los ejes centrales de coincidencia entre los legisladores del PRD y las organizaciones sociales: “Plena garantía de los derechos ya contemplados en la Constitución; democratización de los medios y competencia real; y fortalecer y darle autonomía al IFT”. Por su parte, Barrales también admitió que ha habido pláticas de cada grupo parlamentario con el gobierno federal pero que, hasta ahora, “no se ha iniciado ningún proceso legislativo al respecto”. Alejandra Barrales propuso que la dictaminación se materialice en el Senado y “no en negociaciones por fuera”.

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