CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Autoridades y representantes indígenas de la Sierra Tarahumara se reunieron con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, a quien le hicieron notar las violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales de las que son víctimas. Durante el encuentro, en el que también estuvo presente el ministro de la Segunda Sala, Luis María Aguilar Morales, los indígenas rarámuri y tepehuanes denunciaron que hasta ahora no se ha cumplido el fallo que emitió la SCJN en marzo de 2012, para obligar a los tres niveles de gobierno a cumplir con la consulta y el consentimiento previo libre e informado para constituir el consejo consultivo para el fideicomiso Barrancas del Cobre. Luis Pérez Enríquez, del ejido Bosque de San Elías Repechike, destacó el caso del aeropuerto de Creel, cuyas obras se encuentran suspendidas por orden del Juzgado Octavo de Distrito. El joven tarahumara señaló que si bien consiguieron frenar momentáneamente la obra ya se dañaron grandes extensiones de flora y fauna por la tala de pino y la extracción de materiales, además de que les bloquearon sus áreas de pastoreo y los caminos hacia las escuelas y hospitales, así como la recolección de plantas medicinales. Sumado a ello, dijo, dos manantiales para uso doméstico quedaron clausurados por los materiales que fueron removidos para la construcción de la aeropista. En su oportunidad, Lorenzo Moreno Pajarito, gobernador indígena de Bacajípare, del municipio de Urique, habló de la histórica lucha con los hoteleros del complejo turístico del Divisadero Barrancas, que lleva ya 17 años. Señaló que las descargas de aguas negras al fondo de la barranca han provocado graves daños en la salud de los pobladores, debido a que contaminaron el agua que utilizan para asearse y lavar ropa. La representante de Huitosachi, María Monarca, coincidió con el gobernador de Bacajípare en el tema de la contaminación y la falta de respeto hacia sus derechos como indígenas. Luego de escucharlos, el presidente de la SCJN, Juan N. Silva Meza, dijo que como ministros ellos deben ganarse la confianza de la gente con su trabajo. “Los únicos límites son los que establece la Constitución, eso es lo único que nos limita, pero aprovechándola tratamos de dar la mayor protección que se pueda”, apuntó. Asimismo, advirtió que los asuntos agrarios tardan en resolverse, porque el régimen de la tenencia de la tierra es uno de los más complicados que existen, sin embargo, añadió, debe haber voluntad para solucionarlos. Y ofreció a los indígenas que los asuntos serán tratados y analizados con seriedad y cuidado por los miembros de la Segunda Sala del SCJN. Al finalizar el encuentro, los ministros ofrecieron a los indígenas una visita guiada por la sede del Poder Judicial de la Federación, a fin de que conocieran la historia reflejada en los murales. Como agradecimiento por las atenciones recibidas y como símbolo de la resistencia que los caracteriza, los tarahumaras danzaron el tradicional pascol. La comitiva, conformada por 12 integrantes, estuvo acompañada por asesores jurídicos de las asociaciones Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) y Tierra Nativa. En total, arribaron al Distrito Federal alrededor de 50 indígenas rarámuri y tepehuanes de las comunidades de Bacajípare, Huitosachi, Bosques San Elías-Repechike y Mogótavo, ubicadas en los municipios de Bocoyna, Guadalupe y Calvo y Bocoyna. Los pobladores permanecerán toda esta semana en la capital mexicana, dentro de la Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara, y se entrevistarán con funcionarios federales de primer nivel en la Cámara de Senadores, donde instalarán una mesa de trabajo. A esta convocatoria respondieron favorablemente los senadores Javier Corral Jurado y Alejandro Encinas, quienes crearon un espacio para dar seguimiento a los acuerdos que se generen. La mesa de trabajo se gestionó desde hace un año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en noviembre del año pasado, durante el cuarto encuentro de pueblos originarios de la Sierra Tarahumara, acordaron cabildear con los funcionarios federales para plantear las problemáticas que enfrentan y buscar soluciones. Los indígenas también acudirán al Tribunal Superior Agrario para dar a conocer los casos que han generado contaminación de manantiales en sus tierras, además de problemas de salud y violencia.