Con cruzada nacional gobiernos pretenden combatir el bullying

miércoles, 4 de junio de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- La Cámara de Senadores y los gobiernos federal y de la Ciudad de México dieron el primer paso para frenar el bullying en el país. Los legisladores del PRI, PAN y PRD presentaron una iniciativa de ley que prevé sanciones hasta de cinco mil días de salario mínimo –alrededor de 336 mil pesos– a los padres, tutores y maestros que permitan, toleren o inciten el bullying en las escuelas públicas y privadas de distintos niveles educativos. La propuesta para crear la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar, presentada este miércoles ante la Comisión Permanente, incluye la clausura de la institución, suspensión del puesto o inhabilitación por cinco años a las autoridades o educadores que no realicen acciones necesarias para prevenir o atender incidentes de violencia entre los estudiantes. De acuerdo con la iniciativa, en el caso de protagonizar hechos violentos en los planteles, el agresor y sus familiares deberán recibir atención psicológica y terapia integral para eliminar sus conductas violentas. Los padres de familia también deberán asistir a talleres para la sensibilización y concientización de los daños que ocasiona la violencia en la comunidad escolar. Y si las agresiones constituyen delito, deberá avisarse a las autoridades correspondientes, además de reparar el daño a las víctimas. La iniciativa indica que en caso de agresiones que pongan en riesgo grave los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el Comité para la Convivencia Escolar o las autoridades del plantel deberán comunicar inmediatamente a las madres, padres de familia o tutores el incidente y solicitar la intervención de las instancias que correspondan. En particular, estarán obligadas a salvaguardar los derechos de intimidad, privacidad, presunción de inocencia, normal desarrollo, buena imagen, entre otros, y reserva de sus derechos personales. En la reforma también se plantea modificar la Ley General de Educación, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y el Código Penal Federal. La propuesta fue presentada por Mariana Gómez del Campo, del PAN; Angélica de la Peña, del PRD, y Omar Fayad, del PRI, luego de los varios casos de bullying que se han denunciado en distintos estados del país y que incluso han provocado la muerte de estudiantes, como es el caso de un estudiante de secundaria en Tamaulipas, quien murió a consecuencia de un golpe en la cabeza cuando sus compañeros lo aventaron contra la pared. La iniciativa fue turnada a las comisiones de Educación, Estudios Legislativos y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para su análisis y, en su caso, aprobación. Estrategia de cinco puntos: Segob El gobierno federal también planteó su propia estrategia para combatir el bullying, aunque de entrada pidió no “satanizar” a las escuelas ni culpar a los profesores por ello. “La escuela es un factor de protección en tanto espacio privilegiado que tenemos que mejorar. Creemos que es muy importante visibilizar este problema. Sería un error ocultarlo, pero creemos también que resulta a todas luces inconveniente satanizar a las escuelas. Éstas son un espacio de protección que tenemos que mejorar”, aseguró Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob). En conferencia de prensa, el funcionario federal presentó este miércoles el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que se aplicará en coordinación con la Secretaría de Educación (SEP) y autoridades estatales. Los puntos incluidos en el programa son: aceptar el problema sin satanizar a las escuelas, pues la violencia en los planteles es síntoma de lo que pasa en la familia; impulsar la mediación escolar; evaluar el problema, y aplicar estrategias integrales que involucren a toda la comunidad educativa, sociedad y medios de comunicación. El programa contempla 547 proyectos en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, con una inversión de 160 millones de pesos. Por separado, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, anunció el Acuerdo Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia en Comunidades Escolares que, dijo, ya encendió “la luz roja en la ciudad”. Y precisó que la Secretaría de Educación capitalina será la encargada de desarrollar un protocolo único contra el bullying, en tanto que la de Desarrollo Social (Sedeso) hará campañas de información y sensibilización, y la de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades se encargará de replicarlas en lenguas indígenas. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF) y la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF) deberán capacitar y sensibilizar a su personal en el tema de la violencia y ejercer de inmediato la ley cuando los hechos de bullying constituyan un delito. A su vez, la Secretaría de Salud dará acompañamiento médico y psicológico a las víctimas, en tanto que la Consejería Jurídica ofrecerá asesoría especializada en la Defensoría de Oficio y el DIF local creará redes de apoyo entre escuelas padres y estudiantes. También se creará una línea de atención en el servicio de Locatel para asesorar y atender a quienes padecen bullying. Las dependencias del GDF trabajarán en coordinación con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Luis Wertman, presidente del organismo, informó que en los últimos cuatro años han atendido 3 mil 600 casos comprobados de violencia escolar y recibieron más de 10 mil llamadas de orientación para solicitar asesoría legal y psicológica.

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