OAXACA, Oax. (apro).- La Defensoría de Derechos Humanos (DDHPO) inició una queja de oficio en contra de las secretarías de Gobierno y Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJ) por su presunta omisión en el conflicto que se vive en el municipio de San Juan Cotzocón, donde mujeres y menores han sido detenidas, golpeadas y ultrajadas. En su momento, el organismo pidió a los responsables de dichas áreas, Alfonso Gómez Sandoval, Alberto Esteva Salinas y Joaquín Carrillo, respectivamente, establecer medidas cautelares para proteger la integridad física de esa comunidad mixe, pero las ignoraron. A resultas del conflicto, el pasado 31 de mayo fueron retenidos por espacio de seis horas dos visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en esa población. La violencia en Cotzocón es resultado del conflicto poselectoral. En diciembre último se realizó una asamblea comunitaria para elegir a la autoridad en la que participaron tres candidatos y el triunfo favoreció a Jaime Regino Patricio. Sin embargo, Gorgonio Tomás Mateos, el candidato perdedor y sus seguidores se inconformaron y comenzaron a sembrar el terror en la comunidad, según  denunciaron organizaciones sociales y redes de mujeres. Por ejemplo, del 24 de mayo a la fecha han sido expulsadas 21 personas, entre ellas cinco menores de edad y cuatro mujeres. También se ha encarcelado arbitrariamente, expulsado a indígenas y abusado sexualmente de mujeres. A raíz de esos hechos, los activistas exigieron la intervención del gobernador Gabino Cué. “Hemos tenido conocimiento por algunos testimonios de la grave situación que se vive en la zona y que nos llevan a hacer un enérgico llamado al gobierno de Oaxaca y a las autoridades comunitarias para que pongan alto a las agresiones contra mujeres y niños”, advirtieron los activistas en un comunicado. El 20 de mayo, resaltaron, en medio de un enfrentamiento entre grupos que se disputan la alcaldía fue violentada la joven Leonila, quien resultó con graves golpes en la cabeza que provocaron que perdiera el sentido. Sin embargo, a pesar de la gravedad de su salud, el grupo que tiene el control en la localidad autorizó su salida hasta el otro día para que pudiera recibir atención médica. No obstante, Leonila se vio obligada a regresar a su comunidad presionada por apuros económicos, consciente de las represalias que puede haber en su contra. Posteriormente, el 21 de mayo, medio centenar de mujeres y niños fue privado de su libertad y algunas de ellas fueron abusadas sexualmente. Los activistas destacaron que “las mujeres salieron libres ese mismo día, con la condición de mantenerse calladas, bajo amenaza de violarlas y meterlas a la cárcel si no se sometían al grupo que tiene el control de la comunidad”. Tiempo después fueron privadas de su libertad por tres días las profesoras Dionisia Benítez Lorenzo y Eyra Nolasco Benítez, a quienes se acusó de tener nexos con el alcalde Jaime Regino Patricio. Y por esa misma razón fueron expulsadas de la comunidad, sin ningún documento que funde y motive dicha situación. Además, desde hace días a algunas familias les cortaron los servicios de luz y agua potable, aparte de que se les negó el acceso y uso de los espacios públicos como la cancha municipal, escuela, iglesia y tiendas comunitarias. Pese a ello, las mujeres violentadas solicitaron la intervención de la Procuraduría, así como de la DDHPO, e incluso del gobernador Gabino Cué. Luego de conocer las quejas, organizaciones como el Centro para los Derechos de la Mujer Naaxwiin, Colectivo Bolivariano, Mujer Nueva, Ikoots Oaxaca, Foro Oaxaqueño de la Niñez, Grupo de Mujeres 8 de Marzo, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, Tequio Jurídico y Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos reprobaron el descuido de las autoridades, omisión que ha llevado a diversas detenciones de las mujeres sin causa legal alguna, convirtiéndolas, en los hechos, en “rehenes de los conflictos políticos y peleas de los grupos de  poder que existen en esa comunidad”.